A principios de mes, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, confirmó en declaraciones a los medios que, ya se había enviado el pliego de concreción de hechos, un documento que se notifica tanto al Sabadell como al BBVA y que recoge los principales problemas de competencia de la operación. A partir de ese envío, se abría un plazo de al menos 10 días que el Sabadell, siempre según las mismas fuentes, pidió alargar hasta el próximo viernes 21 de febrero para presentar alegaciones tras acceder al expediente administrativo de la operación.
La CNMC lleva meses analizando el impacto sobre la competencia de una fusión del BBVA y el Sabadell, después de que en mayo el primero lanzara una oferta de adquisición de acciones (opa) sobre el segundo.
En noviembre, Competencia decidió pasar su estudio a una segunda fase más exhaustiva, dada la complejidad de la operación, lo que alarga el proceso de la opa al dar opción al Banco Sabadell a presentar alegaciones y abrir la puerta a que el Gobierno opine. En cuanto la CNMC anunció que el análisis de la operación se extendía más allá de la primera fase, en la que el BBVA se había comprometido ya a adoptar medidas «inéditas» para garantizar la competencia, el Banco Sabadell y varias decenas de asociaciones empresariales pidieron personarse en el proceso.
La intención de todos ellos era poder presentar alegaciones en contra de la operación y los compromisos ofrecidos por el BBVA, si bien Competencia solo aceptó a finales de 2024 que participara en el proceso el Banco Sabadell.
Por el momento lo que está claro es que Competencia seguirá avanzando en el análisis de la operación, que incluye la revisión de las alegaciones que presente el Banco Sabadell esta semana y el testeo en el mercado de los compromisos ya adquiridos por el BBVA. Una vez hecho todo esto, el Consejo de la CNMC adoptará su resolución, previo informe de la Dirección de Competencia, y se entiende que en ningún caso vetará la operación puesto que asegura que harán todo lo que sea necesario para garantizar que la competencia se sigue manteniendo.
Si la CNMC subordina la operación al cumplimiento de compromisos o condiciones, no serán firmes ni pondrán fin a la vía administrativa hasta que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, haya resuelto no elevar el tema al Consejo de Ministros o si lo eleva, hasta que el Gobierno haya adoptado un acuerdo que confirme la resolución. El Consejo de Ministros podrá confirmar la resolución dictada por el Consejo de la CNMC o acordar autorizar la concentración con nuevas condiciones, pero la Ley de Defensa de la Competencia deja claro que deberán estar debidamente motivadas en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia.
Así que otra de las grandes dudas es qué hará el Ministerio de Economía y el Gobierno cuando Competencia adopte su resolución. El Gobierno siempre se ha mostrado contrario a esta fusión y aunque en las últimas intervenciones Cuerpo ha evitado aventurar qué hará el Gobierno cuando la CNMC concluya su resolución, se entiende por sus palabras que González-Bueno confía en que endurezca las condiciones.
Y aunque no pueda hacerlo por motivos de competencia, el consejero delegado del Sabadell sostiene que debe hacerlo por el «bienestar social» y «el equilibrio territorial», con la idea de que todas las comunidades autónomas tengan acceso al crédito.
