El Pleno del órgano máximo intérprete de la Constitución ha admitido a trámite los cinco recursos para aclarar si esta nueva normativa invade competencias autonómicas, tal y como denunciaron los recurrentes.
Los recursos se presentaron contra numerosos artículos de la norma y de las disposiciones transitorias, al considerar que son contrarios al régimen de distribución de competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, como indican las cuatro comunidades autonómicas, o que vulnera los derechos de propiedad, a la tutela judicial efectiva y de la autonomía local, en opinión del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.
El Congreso validó el 27 de abril de 2023 al proyecto de ley por el derecho a la vivienda con mayoría absoluta (176 votos), dando paso a su aprobación en el Senado, que tras recibir más de 300 enmiendas parciales y seis vetos (PP, PNV, Junts, Cs, Vox y UPN), dio luz verde, de forma definitiva, en mayo.
La ley impone nuevos límites al precio del alquiler; regula los desahucios y protección de las familias vulnerables; rediseña la figura del gran tenedor, al rebajar de diez a cinco inmuebles en propiedad para obtener tal condición; establece una nueva bonificación fiscal en la renta de las personas físicas (IRPF) para aquellos propietarios que tengan viviendas en alquiler en zonas tensionadas; o permite a los ayuntamientos podrán aplicar un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), entre otras medidas.
Tras su aprobación, la Junta de Andalucía anunció que recurriría casi una veintena de preceptos, al entender que existe “una invasión frontal y directa de competencias exclusivas de la comunidad en materia de vivienda”, que se regula en el Estatuto de Autonomía. En la misma línea se manifestó el Parlament de Cataluña, que entendió que se invaden competencias autonómicas en materia de vivienda, así como el principio de autonomía financiera y gasto. Por su parte, el Govern balear vio indicios de inconstitucionalidad en cinco artículos de la ley, mientras que el ejecutivo madrileño denuncia una “extralimitación” en la interpretación de las competencias del Estado, al tiempo que señaló que la capacidad de poner límites al alquiler podría provocar que aumentasen los precios.
El PP mostró su oposición a la norma y apuntó en rueda de prensa que el texto dificultaría la expulsión de los ocupas e inquilinos que dejasen de pagar el alquiler. Así, el grupo parlamentario planteó ante el Tribunal Constitucional una posible vulneración del derecho de propiedad, del derecho a la tutela judicial efectiva y de la autonomía local.
