La medida afecta al edificio situado en el número 3 de Domplein, en pleno centro histórico de Utrecht. El propio Instituto Cervantes identifica esa dirección como su sede en la ciudad y la incluye en su inventario patrimonial como un inmueble adscrito al organismo y propiedad del Estado español.
Según la información trasladada por los acreedores, el embargo ejecutivo fue autorizado el 24 de abril, después de que España fuera notificada formalmente el 20 de abril sin abonar la deuda pendiente. La decisión se apoya en una resolución previa del Tribunal de Distrito de La Haya, fechada el 19 de marzo, que habría concedido la ejecución de los laudos vinculados al caso Eurus, filial renovable de Toyota.
El inmueble tiene un elevado valor patrimonial y comercial. El centro está ubicado frente a la catedral y la torre del Dom, en una de las zonas más representativas de Utrecht. El Cervantes describe el edificio como una antigua iglesia reformada, adquirida por el Estado español en 1972, renovada en 1992 y posteriormente transferida al Instituto Cervantes. Fuentes próximas al procedimiento estiman su valor de mercado en torno a los 10 millones de euros y no descartan solicitar una eventual subasta pública si España mantiene el impago.
El embargo en Países Bajos se suma a otros reveses judiciales recientes. En Bélgica, los tribunales han permitido bloquear fondos vinculados a pagos de Eurocontrol a España por un importe acumulado de 482 millones de euros, según Global Arbitration Review. En Reino Unido, el Tribunal Supremo rechazó en marzo que España pudiera invocar inmunidad soberana para impedir el registro de un laudo renovable de unos 101 millones.
Los acreedores sostienen que la deuda total pendiente por los laudos renovables asciende ya a 2.309 millones de euros.
