Pero cuando se repiten, se encadenan y siguen un mismo patrón, dejan de ser anécdota para convertirse en síntoma. El deterioro de la rendición de cuentas, la normalización de la opacidad y la resistencia del poder ejecutivo a someterse al control parlamentario dibujan un escenario inquietante para la calidad democrática.
Lo ocurrido recientemente en el Parlamento es una muestra preocupante de esta deriva. Altos cargos del Estado, responsables de áreas estratégicas y de enorme impacto económico e industrial, han optado por no comparecer ante una comisión parlamentaria que les había citado formalmente para dar explicaciones. La justificación esgrimida —un supuesto plazo insuficiente— ha sido refutada por la propia presidencia de la comisión, que ha recordado que los comparecientes conocían la convocatoria con una antelación suficiente y plenamente habitual.
No se trata solo de una ausencia física. Es, sobre todo, una ausencia política y democrática. Cuando quienes gestionan recursos públicos, decisiones estratégicas y operaciones sensibles eluden el escrutinio del Parlamento, el mensaje es inequívoco: el control molesta. Y cuando el control molesta, la democracia se debilita.
Este episodio no surge en el vacío. Se suma a una acumulación de hechos que en los últimos meses han alimentado una percepción creciente de oscurantismo institucional. Crisis mal explicadas, responsabilidades diluidas, silencios administrativos prolongados y una tendencia cada vez más marcada a intervenir en sectores empresariales considerados estratégicos sin una transparencia acorde a la gravedad y alcance de dichas decisiones.
A ello se añaden acontecimientos recientes que han erosionado la confianza ciudadana: una gestión deficiente de emergencias, accidentes graves con investigaciones todavía incompletas, cortes críticos de servicios esenciales y una comunicación pública que, en demasiadas ocasiones, ha oscilado entre la evasión y la propaganda. Todo ello conforma un clima en el que la información no fluye hacia los ciudadanos, sino que se administra desde el poder como un recurso controlado.
El problema no es ideológico ni partidista. Es estructural. Los sistemas democráticos descansan sobre un equilibrio delicado entre el poder ejecutivo y los mecanismos de control legislativo e institucional. Cuando ese equilibrio se rompe —cuando el Ejecutivo actúa sin explicar, decide sin justificar o comparece solo cuando le conviene—, el riesgo no es solo una mala gestión concreta, sino una degradación progresiva de las reglas del juego.
La rendición de cuentas no es una cortesía política: es una obligación democrática. Comparecer ante el Parlamento no es una opción discrecional, sino un deber inherente al cargo público. La repetición de desplantes institucionales, muy especialmente cuando afectan a áreas clave del Estado, consolida una peligrosa sensación de impunidad administrativa.
España ha atravesado momentos difíciles en su historia reciente, pero siempre con un consenso mínimo en torno a la centralidad de las instituciones y el respeto a sus contrapesos. La normalización del desprecio al control parlamentario, del secretismo en la gestión y de la concentración de decisiones en ámbitos cada vez más cerrados amenaza con quebrar ese consenso básico.
La democracia no se erosiona de golpe. Se desgasta poco a poco, a base de silencios, ausencias, negativas y gestos de desprecio institucional. Y cuando la ciudadanía deja de recibir explicaciones, deja también de confiar.
El verdadero peligro no es lo que ya se ha visto, sino aquello que aún permanece en la penumbra.
Porque cuando el poder se acostumbra a no rendir cuentas, el Estado de derecho empieza a pagar un precio demasiado alto.
