Las entidades económicas más representativas del empresariado catalán han remitido una carta al Gobierno para solicitarle que paralice la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. La misiva ha sido impulsada por la Cámara de Barcelona con Josep Santacreu al frente y cuenta con el respaldo de Foment del Treball -la patronal catalana-, Pimec, Cecot, Fira o el Colegio de Economistas, entre otras organizaciones.
En el documento las organizaciones recogen «su preocupación y reflexiones» acerca de esta operación, lanzada hace justo un año. «Creemos que, más allá de las consideraciones técnicas de defensa de la competencia, ya dirimidas por la CNMC, y que respetando no compartimos, existen también poderosas razones de interés general que justificarían la intervención del Gobierno, que usted preside, para impedir la fusión entre las dos entidades bancarias anteriormente mencionadas», remarcan.
Según su opinión, clasifican los argumentos en cinco apartados, que abarcan desde evitar una excesiva concentración de poder empresarial y financiero a preservar el crédito y los servicios financieros especializados en empresas y proyectos de menor dimensión, a garantizar la cohesión social y territorial, «que es la base de una economía abierta y diversa en una sociedad plural, evitando el riesgo de exclusión financiera». En la misma línea, también citan la pérdida de ocupación de oficinas bancarias, además de la necesidad de promover la atracción y retención de talento en los diferentes territorios.
«Los cinco argumentos están interrelacionados y reflejan el sentir de un segmento muy mayoritario del tejido social y empresarial catalán, que obviamente es el principal afectado por esta operación, pero también, nos atrevemos a afirmar, el de muchas otras comunidades españolas», explican, para añadir que cualquiera de las cinco mencionadas razones es «suficiente» para considerar que se trata de una fusión «lesiva para el interés general de España».
Admiten que si bien en un mundo globalizado las empresas estratégicas tienden a ser grandes a escala europea para poder competir, factor que puede empujarles a buscar crecimiento inorgánico, más allá del ámbito nacional. «Será necesario trazar ese camino con prudencia y equilibrio, de manera que no lleguen a producirse excesivas concentraciones de poder económico y empresarial en una o dos grandes economías, sino que los centros de decisión lleguen a estar razonablemente repartidos entre los diferentes países», puntualizan.
Las organizaciones se muestran críticas con los bancos «con ambición global» porque en, su opinión, «basan su modelo de negocio en explotar las economías de escala que les permite su tamaño y tienden a estandarizar sus operaciones». «España necesita también bancos de proximidad a las empresas, especialmente a los proyectos de menor dimensión, y que encuentren su ventaja competitiva en el conocimiento profundo del tejido empresarial y social. De otro modo, crecería la resistencia a un gran proyecto europeo cada vez más integrador, con el que todos nos sintamos identificados», agregan.
En este sentido, cargan contra la concentración de poder económico y empresarial en la capital del Estado, Madrid, sobre todo, de aquellas actividades reguladas. Tras el lanzamiento de la oferta pública de adquisición (opa) en mayo de 2024, el presidente de BBVA, Torres, se comprometió ante el mercado a mantener una doble sede operativa. Una en la Vela, que hace de centro financiero del banco, y otra en Sant Cugat del Vallés, en el que el Sabadell alberga su centro de operaciones en el momento actual. «La promesa de mantener una doble sede corporativa sería más simbólica que real, sobre todo a largo plazo, como muestran las experiencias de Santander y Bilbao en relación con los bancos que allí tuvieron su origen», esgrimen.
En este contexto, defienden que el reparto de los centros efectivos de decisión en diferentes puntos geográficos como Barcelona, Alicante, Palma de Mallorca, Málaga o La Coruña «sería garantía de equilibrio social y territorial para el conjunto del país». «Es bajo esta perspectiva que entendemos el concepto de interés general, y el que nos motiva a dirigirnos al Gobierno de España, en la persona de su máximo representante, para que lo tenga en consideración cuando, en ejercicio de sus competencias, tome una decisión determinante para la trayectoria consolidada de un gran proyecto empresarial que también es representativo de un proyecto de país», sentencian.
