Con la llegada de junio desaparecen las rebajas fiscales aplicadas a estos suministros, así como a briquetas, pellets y leña. El IVA pasa del 10% al 21% y el impuesto especial eléctrico vuelve al 5% desde el 0,5%, aunque se mantiene suspendido el impuesto a la generación eléctrica.
Este cambio se reflejará en las facturas de junio, previsiblemente más elevadas. Hasta ahora, según el IPC de abril, la electricidad era un 4,3% más barata y el gas un 9,6% respecto al año anterior. Sin las rebajas fiscales, los precios habrían mostrado ligeras subidas.
El paquete de ayudas, adoptado por la guerra en Irán, estaba diseñado para retirarse si los precios se estabilizaban. Dado que la energía se ha mantenido contenida, el elevado coste fiscal —unos 1.000 millones de euros según la Airef— ha sido determinante para eliminar estas medidas.
Además, en mayo se encareció el mercado mayorista eléctrico: el precio medio alcanzó los 54,5 €/MWh, un 28,6% más que en abril, lo que podría presionar al alza las facturas.
Otras ayudas siguen vigentes hasta finales de junio, como las rebajas fiscales a carburantes, el gasóleo profesional, el bono social y el apoyo a transportistas y agricultores. En el caso de los combustibles, las medidas se mantienen porque, de no aplicarse, el precio del diésel y la gasolina habría subido con fuerza.
El Gobierno debate ahora si prolongar estas ayudas más allá del 30 de junio. Sindicatos y algunos socios piden extenderlas o incluso reforzarlas si continúan las subidas, aunque su coste fiscal es elevado, con más de 1.400 millones de euros en el caso de los carburantes
