La acusación solicita celebrar el acto de conciliación «previa interposición de querella criminal por un presunto delito de injurias y calumnias con publicidad frente a D. Manuel Jesús Revuelta», según figura en el escrito al que ha tenido acceso El Debate, facilitado por el propio Manuel Revuelta. Le piden que reconozca y que se retracte de las afirmaciones que recoge el escrito que entregó al notario de Indra antes de su intervención en la junta de accionistas del 26 de junio de 2025, y del que se dio publicidad a todos los socios. La junta se retransmitió por YouTube -aunque la intervención de Revuelta solo duró seis minutos-, y Revuelta envió sus comentarios por burofax a todo el consejo de administración. Por eso se habla de publicidad, que es un agravante.
Entre estas afirmaciones de Revuelta se encuentran algunas como las siguientes: «Escribano no es, como se pretende, una empresa con base industrial robusta, sino una empresa inflada artificialmente con dinero público, por adjudicaciones dirigidas». Señaló que su facturación había subido de 44 millones de euros en 2019 a 430 millones en 2025 «debido a contratos con la administración pública, la mayoría ajenos a la actividad propia anterior de la empresa, y adjudicados bajo procedimientos singulares poco acordes con la normativa de los contratos públicos», y que fue «producto de un apoyo del poder político del actual gobierno».
El escrito recoge que Revuelta mantenía que «en 2020 el Estado adjudicó a EM&E (Escribano Mechanical & Engineering), a dedo, 36 millones de euros para mediar en la compra de respiradores de la empresa Hersill. Escribano no los fabricó, no los diseñó, no tenía experiencia sanitaria, apenas una empresa de montaje que cobró un 70 % del valor de la mediación». También que «el 9 de abril de 2020, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) le adjudicó a dedo un contrato de 36 millones de euros para la entrega de 5.000 ventiladores modelo VITAE 40». «Escribano simplemente intermedió», y asumió «cero riesgo, cero innovación, cero trabajo técnico», a pesar de lo cual «cobró 29,7 millones de euros» solo por «el dedo del Gobierno». «Escribano Mechanical & Engineering también se subió al tren de oro de las mascarillas, terreno en el que tampoco tenía ninguna experiencia previa» y «ni una sola línea de transparencia permite saber cuánto de ese botín fue a parar a Escribano M&E».
En esta línea, la acusación le pide que reconozca que, «en el momento de redactar dichas manifestaciones, usted era plenamente conocedor de que EM&E y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) habían suscrito un contrato para el suministro de cinco mil equipos de respiración pulmonar portátil para el Covid-19», que también sabía que «EM&E fabricó los respiradores suministrados con sus propios medios materiales y personales» y que «EM&E no intervino en la fabricación, comercialización o intermediación de mascarillas ni, por tanto, resultó adjudicataria de ningún contrato público relacionado con éstas».
También le pide que reconozca que en su escrito usó expresiones como «mediación», «intermediación», «botín» o «falta de transparencia» «con el objeto de lesionar la dignidad profesional de EM&E y sus entonces directivos y menoscabar su fama empresarial a sabiendas de la falsedad de sus afirmaciones al destinarle expresiones objetivamente injuriosas y actividades encuadrables dentro de un posible delito de prevaricación administrativa, siendo igualmente conocedor de que ninguna de las adjudicaciones a favor de EM&E de contratos públicos ha sido cuestionada en sede administrativa, ni ha sido objeto de Diligencias de Investigación de Fiscalía y/o diligencias previas».
Le requieren, además, que reconozca que afirmó que «Ángel Escribano es dueño al 50 % de EM&E junto a su hermano Javier, la empresa que él mismo pretende fusionar con Indra», y que manifestó que «plantea una serie de cuestiones éticas y legales de primer orden». Indicaba que supone no solo un conflicto de intereses «evidente», sino la comisión de «un delito de administración desleal»: «Estamos ante el caso del presidente de una compañía cotizada que se quiere comprar a su propia empresa» y genera «quebrantos patrimoniales» para Indra.
El escrito sostiene que Revuelta lo decía con el objeto de que todos los que accedieran al acta de la Junta pensaran que Ángel Escribano hubiera podido cometer un delito de administración desleal para promover su beneficio: adquirir «una empresa inflada artificialmente» «que se traduce no solo en quebrantos patrimoniales para Indra, sino sobre todo en peligros reputacionales y legales» en referencia a EM&E, a sabiendas de la falsedad de las mismas, afirman, y de que la posibilidad de que Indra adquiera EM&E ya había sido objeto de estudio antes del nombramiento de Ángel Escribano como presidente de Indra el 19 de enero de 2025.
