El texto preveía la generalización de tales quitas al resto de las comunidades de régimen común y justificaba su necesidad en base al impacto negativo de la crisis financiera de 2008 sobre las cuentas autonómicas ante la (supuestamente) “insuficiente respuesta europea y del Estado.” En cumplimiento de este acuerdo, el Gobierno central llevará en los próximos días al Consejo de Política Fiscal y Financiera una propuesta cuyos detalles se recogen en una nota de prensa del Ministerio de Hacienda (MH, 2025a) que acaba de publicarse.
En este contexto, desde FEDEA , de la Fuente analiza la propuesta. En su opinión, ésta ha de ser valorada muy negativamente por dos razones fundamentales que tienen que ver con su previsible impacto negativo sobre los incentivos de las CCAA para mantener una mínima disciplina fiscal y con el muy discutible reparto territorial de las ayudas. Es también dudoso que separar la cuestión de la deuda de la negociación sobre la reforma del sistema de financiación sea una buena estrategia negociadora.
La condonación incondicionada de deuda que el Ministerio propone es una pésima idea porque agravará los serios problemas de incentivos que ya sufre el sistema de financiación autonómica de régimen común. A la vista de la experiencia previa, cualquier quita no sujeta a condiciones estrictas de ajuste tenderá a confirmar la percepción que ya tienen las CCAA de que pueden gastar sistemáticamente más de lo que ingresan porque al final el Estado las rescatará de una forma u otra sin coste alguno para ellas y constituye, por tanto, una invitación a la indisciplina fiscal. Pero es que, además, la justificación de la presente propuesta como compensación a posteriori de los efectos adversos de un shock financiero la convierte en un seguro gratuito contra el riesgo cíclico a la baja que eliminará cualquier tentación que pudieran tener las comunidades de ahorrar algo para los malos tiempos e incrementará también el gasto del Estado.
Por otra parte, la distribución de las quitas entre comunidades que se pretende establecer es muy cuestionable con criterios tanto de equidad como de eficiencia. La condonación de deuda autonómica podría tener sentido (al menos en ausencia de serios problemas de riesgo moral) si se utilizase para corregir inequidades pasadas, compensando la infrafinanciación acumulada a lo largo del tiempo por determinados territorios. Desde esta perspectiva, el criterio lógico a la hora de repartir estas ayudas sería la infrafinanciación (relativa a la media por habitante ajustado) que se ha acumulado al menos durante la vigencia del actual modelo de financiación. Por otro lado, si compramos la lógica del Gobierno y entendemos las quitas como una compensación a posteriori por un insuficiente aislamiento de las administraciones regionales ante un shock cíclico que afectó a todas ellas de una forma similar, reduciendo los recursos disponibles para hacer frente a sus necesidades, la forma seguramente más razonable de repartir las ayudas sería en proporción a la población ajustada. Cualquier intento de afinar el cálculo utilizando la acumulación observada de deuda en cada territorio como indicador de reparto plantearía serios riesgos de introducir penalizaciones a la buena gestión.
El reparto propuesto por el Ministerio tiene en cuenta los dos criterios indicados en el párrafo anterior, pero de una forma peculiar en el caso de la infrafinanciación, puesto que la prima por este concepto no refleja necesariamente la magnitud del problema, esto es la infrafinanciación acumulada que sufre cada comunidad. Por otra parte, en el reparto se introducen también otras correcciones que favorecen a las regiones más endeudadas, primando así la irresponsabilidad fiscal, y a las que han usado su capacidad normativa para subir el IRPF, violando la neutralidad exigible al Gobierno central ante el ejercicio por parte de las comunidades autónomas de su autonomía de ingreso.
El Cuadro 1 compara la distribución territorial de las ayudas propuesta por el Gobierno con dos alternativas que a mi entender serían más razonables por consideraciones tanto de equidad como de eficiencia. Una de ellas distribuye todos los recursos disponibles en proporción a la población ajustada. La otra, que en mi opinión sería la preferible si nos empeñamos en condonar deuda autonómica, compensa en primer lugar la infrafinanciación acumulada entre 2010 y 2022 y distribuye después los recursos restantes en proporción a la población ajustada. La última columna del Cuadro compara la propuesta del Ministerio con el reparto basado en la combinación de infrafinanciación y población ajustada. Como se aprecia claramente, la propuesta del Gobierno favorece especialmente a Cataluña, que recibe un 87% más y perjudica claramente a Valencia, Murcia y Andalucía, que reciben entre un 15 y un 40 por ciento menos que bajo la segunda propuesta alternativa.
Dadas las importantes carencias de la propuesta, convendría seguramente tomarnos un tiempo adicional para mejorar su diseño y tratar de llegar a un consenso amplio. Seguramente convendría también abordar la posible condonación de la deuda autonómica de forma conjunta con la necesaria reforma del sistema de financiación, ampliando así los márgenes e instrumentos de negociación de una forma que podría ayudar a alcanzar un acuerdo. En este contexto, los recursos que ahora se distribuyen sin contrapartida (excepto política) podrían utilizarse para engrasar las negociaciones, compensando al menos parcialmente a las comunidades que salgan perdiendo con el cambio de sistema en relación con el statu quo.
