Y es que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han abierto la puerta recientemente a otorgar un tratamiento especial a Cataluña en materia de financiación autonómica.
En uno de los informes que presentó Fedea hace unos meses ya se advertía de «una deriva hacia un sistema de financiación a la carta, que limitaría artificialmente la contribución de las comunidades a la redistribución regional y a la financiación de los gastos comunes del Estado». «Esto no sería admisible», sostenía Fedea, que reconoce que esta situación ya existe con las comunidades forales –País Vasco y Navarra–, aunque desde Fedea apuestan por «trabajar para ir corrigiéndola de forma gradual».
Por ello, creen que «no se puede permitir que el problema se extienda a otras comunidades de mayor peso económico»: «Eso privaría al Estado de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales, incluyendo la de garantizar la cohesión social y territorial». Para el director de Fedea, la reivindicación independentista de «una financiación a la carta» podría comportar que ciertas comunidades «se queden básicamente sin recursos» porque no se financien los gastos comunes del Estado, mientras que el Gobierno central se podría quedar sin fondos para «ejercer sus funciones».
«Si esto se cede, si aceptamos echar a andar en esa dirección, estaríamos echando a andar en la dirección del Estado federal» en el que «cada uno se queda con lo suyo», alertaba De la Fuente, asegurando que lo que «hoy se dé» a Cataluña «mañana lo pedirá» Baleares y «pasado mañana» lo hará Madrid.
