La Fiscalía Anticorrupción acusa a las defensas de los investigados en la trama de Zapatero y el rescate de Plus Ultra de dilatar y obstaculizar la investigación judicial. Según los escritos del Ministerio Público que figuran en el sumario del caso, se estarían utilizando para ello distintas estrategias procesales, que irían desde la reiteración de argumentos, ya desestimados en la Audiencia Nacional, hasta el uso de tecnicismos para cuestionar la custodia de pruebas y la oposición sistemática al secreto de sumario en un esfuerzo coordinado para interferir en el desarrollo de la causa.
Esta convicción se fundamenta, entre otras cosas, en la interposición reiterada de recursos de apelación como una «endémica táctica de defensa». La Fiscalía pone, como ejemplo de ello, la actuación de uno de los investigados, Santiago Fernández Lena, secretario del consejo de la aerolínea Plus Ultra, que, de acuerdo con Anticorrupción reproduce sistemáticamente los mismos argumentos ya descartados por la Sala en autos anteriores, obviando las razones jurídicas dadas para desestimar sus pretensiones previas. El Ministerio Fiscal critica, en concreto, que los escritos de la defensa, a pesar de su gran «longitud física», reiteran de forma «machacona» argumentos que, a su juicio, «carecen de solidez técnica y chocan con la realidad de las resoluciones judiciales».
En sus escritos, el Ministerio Público cuestiona asimismo el interés de los abogados de la trama por conocer las diligencias pendientes, interpretándolo no como una necesidad real de defensa, sino como un intento de actuar como «controlador» de cada paso que da el Juez Instructor, en referencia al magistrado José Luis Calama.
La Fiscalía considera por todo ello que existen «motivos más prosaicos» detrás de este afán de supervisión técnica que exceden el rol procesal de una parte defensora. De igual modo también, respecto a la incautación de dispositivos digitales, la Fiscalía rechaza las quejas de la defensa, que propone realizar volcados in situ, calificándolas como «valoraciones de carácter pseudotécnico». Y es que, en su opinión, estas alegaciones buscan únicamente aleccionar al tribunal sobre operaciones forenses para forzar la devolución prematura de los soportes originales antes de que finalice su análisis.
En el caso de uno de los investigados en la trama, el exdirector de Operaciones de al aerolínea y actual consejero delegado de la misma, Roselli, la Fiscalía se opone a la aprobación de permisos de viaje alegando que la instrucción no puede ponerse al servicio de «intereses personales», que anularían o harían ineficaz la investigación de delitos de gran gravedad.
El Ministerio Público ya ha advertido que determinadas maniobras de las partes podrían dejar lo intervenido en un «limbo procesal», impidiendo el foliado, sellado y volcado de las pruebas, lo cual perjudicaría gravemente la investigación sobre la causa. Asimismo, la Fiscalía apunta también que existe de fondo un riesgo de «fraude procesal» cuando se presentan denuncias ante órganos manifiestamente incompetentes para ser usadas como «pasarela».
