El objetivo es conocer igualmente si el comité de dirección integrado por la exconsellera de Emergencias, Pradas, y la delegada del Gobierno, Bernabé, fue correctamente informado.
A diferencia de la instructora que ha centralizado toda la responsabilidad en la Generalitat como administración encargada de la protección de la población afectada, el Ministerio Público, abre el foco a nuevas responsabilidades más allá del ámbito autonómico. Varias de sus peticiones se encaminan a la actividad de alerta y seguimiento de las avenidas de agua mantenida por la CHJ en aquella fatídica jornada que provocó la muerte de 228 personas en la provincia de Valencia.
Solicita el informe del organismo presidido por Miguel Polo referido a la situación en la comarca de la Ribera, en la de Utiel-Requena, también sobre la alerta hidrológica en los municipios del barranco del Poyo y en lo referente a la presa de Forata una vez decretado el nivel de emergencia 1 y 2 por posible rotura de la misma.
Esta petición de informes resalta la distancia existente entre la Fiscalía y la juez que instruye la causa en estos momentos en los que la magistrada mantiene como únicos imputados a Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias, Argüeso (para quien el fiscal pedía la revocación de su condición de investigado). La juez, pese a las declaraciones que aonsejarían lo contrario, no da el paso para citar como investigado al presidente de la CHJ, Polo, criterio que el Ministerio Público parece no compartir, aunque tampoco lo ha solicitado, de momento.
