La comisión, que hizo una visita a España el pasado mes de febrero, reconoce que las autoridades nacionales ya han publicado «casi toda la información» sobre licitaciones de manera no agregada.
La recomendación figura en la versión final del informe de la misión de esta comisión de la Eurocámara, un documento no vinculante al que los miembros de la misión han podido proponer cambios desde que se debatiera el borrador inicial hace ahora un mes. El texto, publicado en el sitio internet de la Eurocámara, que no requiere ser sometido a ninguna votación y no tiene más recorrido parlamentario, resalta que los diputados que acudieron a la misión encontraron «dificultades» a la hora de recibir, por parte del Gobierno español, las cantidades concretas desembolsadas hasta el momento a todos los beneficiarios de manera agregada, un dato que la regulación europea no obliga a hacer público.
El informe «pide a las autoridades españolas que aseguren que la información sobre proyectos, pagos y reformas se publique de manera puntual, estructurada y accesible, incluyendo información sobre los receptores finales de los fondos, permitiendo el escrutinio público». Al mismo tiempo, también señala que las autoridades españolas «han publicado en línea casi toda la información sobre licitaciones, desde las convocatorias hasta las concesiones» y que la delegación «ha encontrado mucha información disponible no agregada», pero la tilda de «difícil de encontrar para el público y los periodistas».
El informe recoge también la información provista por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, en una carta fechada el 9 de mayo en la que aporta datos agregados sobre los compromisos de desembolso a los beneficiarios finales, si bien -destaca el informe- «sin especificar cuánto se ha pagado realmente a cada receptor». El texto mantiene, por otro lado, varias recomendaciones que ya figuraban en el borrador inicial, como aumentar la flexibilidad y reducir la burocracia del plan de recuperación al tiempo que tilda la carga administrativa como «una queja común de las partes interesadas»
«La incertidumbre legal en los procedimientos ex-ante sobre licitaciones complejas y conflictos de interés (…) potencialmente han frenado la implementación de los fondos», señala. También reconoce que los sistemas CoFFEE y Minerva para el control de los fondos son «operativos y funcionales» a pesar de algunos «retrasos» en su puesta en marcha.
De hecho, el texto subraya que ambos sistemas «tienen el potencial de ser fuertes herramientas técnicas internas para auditar y controlar el gasto del Gobierno central», aunque también sugiere a las autoridades españolas que «faciliten su interoperabilidad con otros sistemas» y que concedan «acceso permanente» a sus datos al Tribunal de Cuentas de la UE y al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude
