Muchos de ellos superan con creces la edad legal de jubilación e ingresaron en el sector público cuando no existían los procesos informáticos. Hay quien lleva hasta más de medio siglo cobrando una nómina pública, incluyendo los correspondientes trienios por antigüedad, que elevan su coste, confundiendo la experiencia con la seguridad laboral y un sueldo elevado (por encima de la pensión máxima).
Atrás ha quedado la modernización y la adecuación a las necesidades del administrado y la reducción del gasto improductivo. Hay también una ‘vieja guardia’ de funcionarios que, descatalogados por el anterior Ejecutivo y que se encontraban en desempeños poco visibles o incluso en los pasillos de los ministerios, han sido ‘rescatados’ por el actual Gobierno por su proximidad o por su acercamiento a veces interesado. En el caso de un cambio político y de su cese, seguirán en el sector público, pero no volverán a desempeñar un puesto de responsabilidad por haber manejado información sensible. Es el precio de la alta polarización política existente en las Administraciones que afecta a la profesionalización del alto funcionariado y a la adaptación, entre otras, de la Ley de Racionalización y Modernización de las Administraciones de 2015 que pretendía convertirse en la principal norma reformadora del sector público.
Según la información disponible en el Portal de la Transparencia del Estado, hay al menos dos altos cargos que acumulan 17 trienios, es decir, suman al menos 54 años en algún puesto público (los trienios se cuentan a partir del tercer año de su incorporación). Se trata de una cifra prácticamente inalcanzable en el sector privado en el que, salvo en contadas excepciones, se ha suprimido la percepción de los complementos salariales que supone la antigüedad laboral mientras, que en el sector público pueden llegar a aportar a la nómina más de 12.000 euros anuales. Se trata del director general de Gestión Migratoria y del director del Parque Móvil del Estado.
El primero ha ocupado siempre cargos políticos con el PSOE, incluso a nivel autonómico, y el segundo es uno de los pocos que fue nombrado por el anterior Ejecutivo y que aún resiste en el mismo desempeño desde 2012. Ambos tienen una remuneración en el entorno de los 120.000 euros. En el top de la antigüedad se encuentran también otros dos altos cargos que tienen más de 16 trienios. Se trata de Jefes del Estado de Mayor de los ejércitos. Con 15 aparecen también al menos cinco nombramientos, entre ellos: algunos mandos militares; el secretario de Estado de Defensa; el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo; o el secretario general de Instituciones Penitenciarias.
Hay al menos dos altos cargos que acumulan 17 trienios, es decir, suman al menos 54 años en algún puesto público
Con 14 trienios figuran 27 altos cargos, entre ellos: la directora del CNI; el director general de Infraestructuras de Defensa; el director del departamento de Seguridad de presidencia del Gobierno; el director del Instituto Cervantes (Exteriores); así como varios diplomáticos destinados en el exterior (Bolivia, Reino Unido o Argelia). Con 13 trienios aparecen 41 altos cargos, incluyendo también a embajadores y militares, así como: el presidente del Consejo Escolar del Estado (Educación); el director general de Racionalización y Contratación Pública (Hacienda); la directora de la Oficina de Conflictos (Transformación Digital y Función Pública); o el presidente de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (Transportes).
Y con 12 trienios (casi 40 años en el sector público) aparecen al menos 40 altos cargos, entre ellos: el delegado del Gobierno en Aragón (Política Territorial); el director del Instituto de Estudios Fiscales (Hacienda); o el director general de Biodiversidad, Bosques y Desertización. Todos ellos componen un colectivo de unos 120 altos cargos procedentes de las Administraciones (55% del total) que el Gobierno ha elegido para su ‘staff’ y que llevan más de 40 años de media reconocidos con una nómina pública.
En cuanto a los ministros, la de Defensa tiene acumulados 14 trienios mientras que el de Agricultura suma 13 y, por su parte, el de Interior y la de Igualdad coleccionan 12 trienios. Son los que más cobran del Ejecutivo al recibir este complemento salarial.
De los 690 altos cargos del Estado que aparecen en el Portal de la Transparencia (falta más de un centenar por computar), el 69% (476) son funcionarios, mientras que al menos 215 (31%) no lo son y han sido ‘enchufados’ directamente por el Gobierno (los contratados no acumulan antigüedad alguna ni tienen el preceptivo complemento salarial). El conjunto de este personal (esos 476) suma más de 4.800 trienios, con una media individual de unos 11 (la cifra es mayor si se añaden los tres primeros años de la incorporación, que no se computa en los trienios). Lo que significa que los funcionarios que se encuentran en el aparato político de gestión del Estado acumulan más de 14.300 años de antigüedad, es decir, unos 143 siglos.
Cuando Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 echó mano inicialmente de los altos cargos nombrados por el PP. Pero se los ha ido ‘puliendo’ para nombrar a otros de su confianza (es el presidente de Gobierno que más ceses y nombramientos nuevos ha realizado). En todo caso, en aquel momento sólo había 384 funcionarios desempeñando estos puestos y que sumaban poco más de 4.100 trienios (unos 12.500 años acumulados de antigüedad). Es decir, el número de años de antigüedad ha crecido casi un 15%.
El ministerio que suma más altos cargos con mayor número de trienios, por la elevada presencia del personal diplomático, es Asuntos Exteriores (acumula más de 1.400 trienios). Le sigue Defensa (más de 900); Hacienda (casi 300); y Trabajo (con unos 200 trienios). Curiosamente, los altos cargos directos de Sánchez sólo suman 52 trienios ya que la mayoría de su ‘cohorte’ procede de fuera de la Administración.
Esta estadística demuestra el envejecimiento de los actuales altos cargos mientras que, en sentido contrario, se está produciendo otro fenómeno curioso: el Gobierno está dando entrada ahora en este colectivo (al PSOE se le acaban los afines o incluso los que se postulan para hacer carrera administrativa mediante la política) a un cúmulo de funcionarios que apenas consiguen sumar uno o dos trienios, asignándoles cargos de aparente responsabilidad, así como ‘sueldazos’ que no tienen otros con más años en las Administraciones. Es decir, existe una nueva ‘cohorte’ de funcionarios que han conseguido llegar al más elevado puesto sin apenas tener recorrido en un desempeño público.
Por ejemplo, el secretario de Estado de Digitalización e IA del ministerio de Transformación Digital sólo tiene un trienio de antigüedad, pero cobra más de 140.000 euros. Un trienio tienen también, por ejemplo, el director general de Trabajo Autónomo (Trabajo), con un sueldo de más de 120.000 euros; el director general de Deportes (Educación), con una nómina de 102.000 euros; el director general de Salud Pública (Sanidad), con cerca de 100.000; o el director de la Agencia Estatal para la Lucha Antidopaje en el Deporte, con unos 90.000 euros de remuneración.
Con sólo dos trienios hay además nueve altos cargos, entre ellos el director general de Política Económica del Ministerio de Economía, con un sueldo superior a los 135.000 euros; el secretario general de Consumo y Juego, con una remuneración superior a los 120.000 euros; o el director general de Artes Escénicas, con más de 100.000 euros asignados. Y con tres trienios figuran además una quincena de altos cargos. Entre ellos aparecen: el director general de Análisis Macroeconómico (Economía), con unos ingresos superiores a los 135.000 euros; la delegada del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas (Sanidad), con 125.000 euros; la delegada contra la Violencia de Género (Igualdad), con casi 107.000 euros; el director general de Diplomacia Económica (Exteriores), con más de 100.000 euros; y, por ejemplo, destaca el subsecretario del Ministerio de Cultura quién, también con tres trienios, que cobrará este año más de 136.000 euros
