El objetivo inicial de estos trabajos sería la recopilación de datos con los que desvirtuar, por una parte, los atestados policiales que se han ido entregando en el Alto Tribunal durante la instrucción del juez Hurtado; y, por otra, desacreditar la querella presentada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid que, junto con la registrada por la pareja de Díaz Ayuso, el empresario González Amador, daban origen a las pesquisas penales abiertas contra ambos.
Así, García Ortiz habría encargado a varios de sus fiscales de confianza, alguno de ellos de la Secretaría Técnica del Ministerio Público, que recabasen un histórico de errores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en otros casos de relevancia pública o mediática. Es decir, ejemplos de cómo las conclusiones o las calificaciones jurídicas iniciales de los agentes asignados a los mismos resultaron, más tarde, archivadas, anuladas o desvirtuadas durante la fase de juicio, hasta la absolución de los acusados.
Un dossier con el que parece «previsible que se buscará desacreditar la labor de los técnicos» que han intervenido en la inspección de los móviles y los ordenadores incautados durante el registro de su despacho oficial confirmando que habían sido «borrados» de forma «deliberada». Varios de los cuales declaraban como peritos, el pasado viernes, en la sede del Supremo para ratificarse en el dictamen en el que atribuyeron al fiscal general un «papel preeminente» en la filtración contra el novio de Ayuso.
A juicio de los mismos expertos, el histórico sobre la UCO «no afecta al caso concreto». Entre otras razones porque ni «la absolución es garantía de que haya habido un error policial», apuntan algunos fiscales, «ni el tribunal enjuiciador tiene por qué admitir las preguntas relacionadas» con otros procedimientos que, de entrada, «no tienen nada que ver con los hechos llamados a analizarse», añaden.
En su periplo, García Ortiz podría estar acompañado por la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien por su parte habría estado haciendo «uso de los recursos de la Fiscalía para su propia defensa», denuncian varios miembros de la Carrera, ante un futuro y eventual procesamiento en el Supremo.
La titular de la Fiscalía madrileña, responsable de la nota de prensa emitida desde su área con datos protegidos de un particular, el empresario González Amador, «ordenó a cada uno de los más de veinte fiscales Decanos de la capital, bajo su mando, que confeccionasen un inventario de los acuerdos suscritos», en su jurisdicción, «desde que se produjo el escándalo» sobre la filtración de los mensajes cruzados entre el abogado de la pareja de Díaz Ayuso y el entonces fiscal asignado a su causa tributaria, Salto.
Todo indica que el destino final del estudio no es otro que demostrar ante el Supremo, con los datos obtenidos, que «no tienen sustento» las razones por las que el ICAM acudió a los tribunales en representación del derecho de Defensa y la confidencialidad de las comunicaciones letrado-fiscal, prevista en la normativa aplicable a las conformidades.
Rodríguez «habrá pensado que si logra acreditar cómo a partir de la polémica suscitada desde el Ministerio Público, y con su propia actuación» no han quedado afectados «ni la normal operativa» de la herramienta de negociación, «ni el número de consensos alcanzados» tendrá la posibilidad de «diluir los argumentos del ICAM y desvirtuar una posible condena en base a los mismos»,
