Según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Gobierno había aprobado hasta junio de 2026 modificaciones por 77.281 millones de euros, un 160% más que en el mismo periodo de 2025 y una cifra que ya supera casi todo lo registrado durante el conjunto del año pasado (75.446 millones).
La prórroga de los Presupuestos de 2023 explica en parte este aumento. La inflación y las nuevas prioridades de gasto han dejado obsoletas muchas partidas, obligando a reajustar continuamente los créditos presupuestarios. Además, expertos consultados consideran que este mecanismo reduce el control parlamentario y la transparencia, ya que muchas modificaciones se aprueban sin el mismo nivel de supervisión que unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Las modificaciones pueden adoptar varias fórmulas, como créditos extraordinarios, suplementos, transferencias entre partidas o incorporación de fondos no utilizados. En la mayoría de los casos, su efecto es incrementar el gasto público.
La partida que más creció fue la destinada a la deuda pública, con modificaciones por 26.686 millones de euros frente a los 1.208 millones registrados un año antes. También destacan los aumentos en los ministerios de Economía y de Inclusión y Seguridad Social. El primero pasó de 1.235 a 15.072 millones, mientras que el segundo elevó sus modificaciones hasta 7.381 millones debido, principalmente, a las mayores necesidades de financiación de la Seguridad Social.
Por el contrario, Defensa e Industria registraron menores modificaciones que en 2025, mientras que Transición Ecológica y Juventud presentaron saldos negativos al transferir recursos a otras partidas.
Entre las secciones presupuestarias destaca el Fondo de Contingencia, que cerró el semestre con un saldo negativo de 2.364 millones de euros tras diversas anulaciones y rectificaciones. Este fondo está destinado a cubrir necesidades imprevistas y, por ley, no puede emplearse para financiar gastos discrecionales sin cobertura presupuestaria.
