El impacto económico alcanza un coste medio de 2.430 euros por expediente para el propietario, en un contexto en el que la recuperación del inmueble desde el impago requiere cerca de 278 días de media.
El peso del impago es elevado en todo el territorio, aunque presenta diferencias entre comunidades. Entre los principales mercados por volumen de actividad, Madrid registra un 98,5% de incidencias por impago, seguida de Andalucía y Aragón, ambas con un 97,6%; Catalunya, con un 97,0%; y la Comunidad Valenciana, con un 95,7%. El porcentaje expresa el peso del impago sobre los expedientes de incidencia gestionados y no la tasa de impago sobre el conjunto de contratos garantizados.
El coste medio por expediente también varía de forma significativa según el territorio. Canarias se sitúa en 2.547 euros; La Rioja, en 2.544 euros; Asturias, en 2.505 euros; y Cantabria, en 2.438 euros, todas ellas en torno o por encima de la media nacional. Catalunya alcanza los 2.325 euros, Madrid los 2.123 euros y Andalucía los 2.089 euros.
La gestión temprana resulta determinante para limitar el perjuicio económico y evitar que el conflicto se prolongue. En el conjunto nacional, el 91,8% de los inmuebles recuperados se resolvió mediante entrega o acuerdo entre las partes y el 8,2% requirió la vía judicial.
Como indicador complementario de la evolución del alquiler garantizado, la renta media nacional de vivienda se situó en un 7% más que un año antes. Baleares presenta la renta media más alta, con 1.317 euros, seguida de Madrid, con 1.238 euros; País Vasco, con 955 euros; y Catalunya, con 921 euros.
