Así lo han detallado los agentes de la policía judicial que, a petición del magistrado instructor de la causa, el juez Juan Carlos Peinado, tras comprobar que en ningún momento el ‘software’ fue inscrito a favor de la Universidad, pese a que los benefactores y patrocinadores del proyecto depositaron sus fondos, de origen privado, convencidos de que los mismos irían destinados a una plataforma educativa y que, por lo tanto, a partir de su dedicación a la producción y puesta en funcionamiento de la misma, adquirieron a todos los efectos consideración de fondos de naturaleza pública, incompatibles con cualquier otro enfoque.
De tal manera, en el atestado, se recoge cómo el dominio www.transformatsc.org fue registrado el 21 de septiembre de 2022 a nombre de Blanca de Juan, coordinadora de la Cátedra, para ser transferido, el 14 de julio de 2023, a favor de Begoña Gómez. No en vano, todos los pagos de renovación del mismo, y de la licencia, que ascendieron a un total de 118,58 euros, fueron efectuados desde la cuenta bancaria personal de la propia mujer del presidente del Gobierno.
Entre los pagos injustificados, procedentes de esta y otras cuentas propias de Gómez y de su sociedad, se han detectado transferencias a varios colaboradores del proyecto, como Sandra Anfaiha, sin que conste el motivo o concepto de estos pagos
Para lograr la apariencia de legalidad, además, Begoña se habría servido, supuestamente, según la UCO, de la contratación de servicios con la empresa Making Science Group SA que se realizó «totalmente al margen de la normativa», eludiendo la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y los procedimientos reglados de licitación.
Y, además, se dio una simulación de concurrencia en los trámites aprobados para la formalización de un contrato menor con la consultora Deloitte, tal y como apuntan los indicios recogidos por los investigadores en su informe. Del estudio de dicho proceso, la UCO ha detectado que se invitó a empresas a ofertar cuando las condiciones ya estaban pactadas de antemano con la empresa sobre la que recayó el contrato final y cómo ésta, incluso, ya había comenzado a trabajar en el proyecto antes de la invitación formal a formar parte del mismo.
Es decir, el informe aporta pruebas sobre cómo una herramienta financiada y desarrollada en el marco de una actividad de la UCM habría sido, presuntamente, desviada a la esfera privada de Begoña Gómez, de manera indebida. No sólo por el registro personal de marca y dominio, sino porque una vez el ‘software’ estuvo plenamente operativo no se consumó una entrega oficial a favor del centro educativo. En este sentido, cabe recordar cómo el vicerrector de Tecnología de la UCM declaró que no constaba copia del programa, oficialmente, en la Universidad, ni evidencia alguna de la correspondiente y obligada cesión de derechos del mismo, a favor de la institución.
Por lo tanto, y como consecuencia, el informe concluye que se dio una «analogía» entre la plataforma de la UCM y la sociedad privada de Gómez, TRANSFORMA TSC SL, que comparten denominación y objeto social, lo que genera sospechas muy poderosas sobre cómo la empresa particular de la mujer de Pedro Sánchez pudo haberse beneficiado de la herramienta universitaria, con fines comerciales distintos de su origen académico inicial.
Poe otra parte y según la documentación analizada por la UCO, distintas compañías privadas realizaron aportaciones económicas para financiar el proyecto universitario. Entre ellas figuran Telefónica, Google, Reale, Numintec y la Fundación Human Age Institute. En total, las aportaciones privadas ascendieron a 176.000 euros, de los cuales 158.400 euros fueron destinados directamente al fondo propio de la cátedra. La Guardia Civil subraya que estos importes adquirieron la condición de fondos públicos una vez incorporados a la estructura económica de la universidad, extremo que, según el informe, fue confirmado por la propia interventora de la UCM.
En otro orden de cosas, el informe pone al descubierto presuntas irregularidades en la contratación de servicios por parte de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que habrían beneficiado a la consultora Deloitte. El documento, fechado el 21 de mayo de 2026, detalla un «concurso fantasma» para un contrato menor, donde la concurrencia de otras empresas fue, según la UCO, «simulada o limitada». La investigación se centra en la contratación de Deloitte para un servicio de «Asesoría-acompañamiento para evaluar los riesgos del proceso y proponer acciones de mejora en la implementación de la plataforma de gestión y medición de impacto para PYMES». La UCO señala que la invitación a ofertar, emitida por Blanca de Juan (coordinadora de la Cátedra) el 1 de diciembre de 2022, establecía un plazo de presentación de propuestas de tan solo 24 horas, finalizando el 2 de diciembre a las 13:00 horas. Esta premura, según el informe, «ya en sí mismo se considera una limitación de la concurrencia».
Además, el informe destaca que Deloitte ya había iniciado sus trabajos para la Cátedra con anterioridad a esta invitación formal. Higueras, Senior Manager de Deloitte, fue convocado a reuniones de seguimiento del proyecto desde el 21 de octubre de 2022, más de un mes antes de la solicitud de ofertas. La UCO subraya que el acuerdo de las condiciones entre la Cátedra y Deloitte, que sirvió de base para los contratos posteriores, y el inicio de los trabajos de la consultora se desarrollaron antes de la solicitud formal de ofertas.
La invitación a ofertar fue enviada a Deloitte, Minsait y Techxonn. Sin embargo, el informe revela que Techxonn, una pequeña empresa con una media de 3,8 empleados en 2022, no respondió a la invitación. Su administrador, Javier de la Ulacia, manifestó en LinkedIn que el contacto no fue efectivo debido al breve plazo y al desconocimiento previo del proyecto, lo que limitó su participación. La UCO considera que la invitación a Techxonn fue un intento de «simular concurrencia». Deloitte fue la única empresa que presentó una oferta dentro del plazo, ajustándose al importe máximo de 14.999 euros para un contrato menor. La UCO concluye que la adjudicación a Deloitte no solo estaba «premeditada», sino que los requisitos y condiciones exigidos se «amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la Cátedra». Este patrón de irregularidades en la contratación y la gestión de fondos de la Cátedra UCM es uno de los puntos clave de la investigación de la UCO.
