El accidente ferroviario en Urda (Toledo) ha puesto todavía más en entredicho las garantías de seguridad de la alta velocidad española. Esta tragedia se ha cobrado ya, al menos, 69 fallecidos en nuestro país y deja numerosas preguntas sin respuesta sobre el funcionamiento de los sistemas que debían haber impedido que ayer miércoles un AVE de Renfe colisionara contra un tren de Iryo que permanecía detenido en la vía.
Todo comenzó cuando falló el sistema de seguridad LZB, instalado en la línea Madrid-Sevilla y encargado de supervisar la circulación, transmitir información al maquinista y contribuir a mantener las distancias de seguridad entre trenes. Según el ministro de Transportes, Óscar Puente, una incidencia «informática» sobre las 8:30 provocó su caída durante la mañana del accidente.
Sin embargo, no era la primera vez que se producía un fallo del LZB en esta línea. De hecho, según van trascurriendo las horas de la catástrofe, se hace más evidente que se trataba de un problema habitual. Prueba de ello es la denuncia que hacía a primeros de este mes el consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara. El italiano compareció el pasado 5 de octubre ante la comisión de investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria y los accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Y una de sus quejas fue el sistema LZB.
«Es un sistema que es seguro, pero bastante antiguo. Cada vez que la señalización deja de conectar y el tren se para, no se puede mover, y tarda bastante tiempo en volver a conectarse y prestar nuevamente el servicio», criticó.
La mayoría de la comparecencia de Favara giró en torno al accidente de Adamuz, donde la compañía italiana también estuvo implicada. El directivo recordó que «es Adif la encargada de hacer las evaluaciones de seguridad» de la infraestructura y la vía. Favara también explicó que se reúnen todos los meses con Adif.
Eso sí, Favara aseguró que la mayoría de las comunicaciones de sus maquinistas con Adif en 2025 se referían a la línea Madrid-Barcelona, aunque sobre la línea Madrid-Sevilla (la implicada en los dos accidentes) las quejas «más frecuentes» eran «por el LZB». Iryo aseguró que abona un canon de 150 millones al año a Adif por el uso de su red.
