A las puertas de las sedes judiciales expresaran su rechazo a dos de los proyectos de ley anunciados recientemente por el Gobierno: el que pretende modificar el acceso a ambas carreras y el que busca reformar la Fiscalía de cara a dejar las investigaciones penales en manos de los fiscales.
La medida fue anunciada el pasado 23 de mayo por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
En el comunicado de la convocatoria, las firmantes solicitaban «la retirada» del proyecto de ley que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal al considerar que recoge «medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial», que no responde a «una verdadera demanda social» y que no contribuye a «solucionar los verdaderos problemas de la Justicia». En aquel momento, las asociaciones también reclamaron «la retirada» del anteproyecto de ley que reforma que pretende reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para adaptar la Fiscalía al nuevo modelo procesal que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales que hasta ahora dirigen los jueces.
«Concluimos que el mismo supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas, dando incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora», manifestaron sobre el anteproyecto.
