En concreto, las actas en desconformidad que se incoaron sumaban 61 millones de euros, de los que 48 millones era por cuota de ISA y 13 millones de intereses de demora.
Las resoluciones del TEAC se notificaron a la eléctrica en junio de 2020 y poco después la compañía interpuso sendos recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional. Por su parte, a lo largo de 2021 se presentaron las alegaciones correspondientes en los procedimientos. Según detalla la empresa en su informe de gestión intermedio consolidado del primer semestre de 2024, los principales ajustes incluidos en los acuerdos de liquidación derivados de las actas de disconformidad se refieren a la cuantificación del fondo de comercio financiero, susceptible de amortización fiscal, por la compra de Scottish Power, la eliminación de la exención por dividendos de la firma escocesa al entender la inspección que es incompatible con un ajuste de valor de la cartera por cobertura de inversión neta, diferencias en los criterios de consolidación fiscal y posible concurrencia en una operación de cambio de deudor en algunas emisiones de bonos de las circunstancias contempladas en el artículo 15.1 de la Ley General Tributaria.
Iberdrola también tuvo que devolver 665 millones de euros a la Agencia Tributaria en la primera mitad de 2018 por las deducciones en el IS por la compra de compañías en el extranjero. Una ventaja fiscal a la que abrió la puerta el Gobierno de José María Aznar, con Rodrigo Rato como responsable económico y consideradas ayudas de estado por Bruselas. En concreto, a la energética le reclamaron las bonificaciones que disfrutó por la compra de la propia Scottish Power, de la estadounidense Energy East y la griega Rokas. La Comisión Europea consideró que se trataban de ayudas incompatibles con el mercado interior, por la amortización fiscal de los fondos de comercio.
Por otra parte, en diciembre de 2020 también le fue notificada a la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán la resolución por parte del TEAC sobre las reclamaciones interpuestas derivadas de las actas de disconformidad firmadas en procedimientos de comprobación limitada relativos a los ejercicios 2012 a 2014 por el IS. La discrepancia con la Administración se centraba en la aplicabilidad o inaplicabilidad del criterio de imputación temporal que ha establecido en distintas sentencias el Tribunal Supremo, en relación con los ingresos obtenidos por el grupo derivados de pagos realizados con base en normas contrarias a derecho. La citada resolución estimó parcialmente las pretensiones de la empresa, aceptando su criterio en lo que se refiere a los tributos declarados inconstitucionales. Iberdrola presentó el 25 de enero de 2021 recurso contencioso- administrativo ante la Audiencia Nacional respecto del resto de supuestos en disputa.
También en julio de 2022 interpuso reclamación económico administrativa ante el TEAC contra el acuerdo de liquidación en materia de IVA de los años 2015 a 2017. El principal ajuste en controversia se deriva de la inclusión por parte de la Inspección, en el denominador de la prorrata de IVA de Iberdrola, de las plusvalías derivadas de transmisiones de cartera y/o operaciones de reestructuración societaria, minorando el IVA soportado deducible en el ejercicio 2015 y su efecto en ejercicios subsiguientes por la regularización del IVA soportado en la adquisición de bienes de inversión. La reclamación se encuentra pendiente de resolución.
Por otro lado, Iberdrola mantiene litigios fiscales por el IS en otros países como Estados Unidos. Allí acudió al Tribunal de Apelación en relación con el IS de los años 2012 a 2014, en el Estado de Nueva York. Continúan las gestiones para intentar llegar a un acuerdo con el Estado y cerrar el asunto con carácter previo a la resolución por parte del Tribunal, sin impacto relevante en los resultados de su filial estadounidense Avangrid. En Reino Unido, la única cuestión relevante bajo discusión es relativa a la deducibilidad de determinados pagos efectuados por indicación del regulador eléctrico (OFGEM), habiendo formulado Iberdrola en 2021 las alegaciones procedentes en relación con las reclamaciones interpuestas ante el Tribunal Fiscal de Primera Instancia. Dicho tribunal dictó sentencia en febrero de 2022 y, no estando conforme con la misma, el grupo energético presentó la correspondiente apelación en mayo del mismo año.
