El magistrado toma esta decisión porque en la investigación hay políticos como el líder del independentismo o como el diputado del Parlament Rubén Wagensberg que están aforados y, por tanto considera que las diligencias deben seguirse en el órgano superior.
El magistrado ha remitido una exposición razonada, es decir, un documento en el que motiva por qué considera que debe ser el alto tribunal el que asuma la causa. Según el auto, al que ha tenido acceso El Independiente, el juez expresa que para el esclarecimiento de los hechos es necesaria la práctica de diligencias de investigación que no puede practicar por haber miembros aforados.
Este paso llega sin que todavía la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya resuelto el recurso que había interpuesto la Fiscalía al considerar que no es posible ni investigar a Puigdemont con los indicios que existen hasta ahora ni indagar por terrorismo. Así las cosas, el fiscal Miguel Ángel Carballo había recurrido para que todas las pesquisas viajaran a Cataluña por ser los tribunales de allí los competentes. El lío judicial que ahora debe desenredarse tiene, por tanto, dos nudos: que el Supremo decida si tienen ellos la competencia o que la Sala de lo Penal aclare si son los jueces catalanes los que deben llevar el caso.
Cabe recordar que el magistrado decidió citar como investigados al jefe de la oficina de Puigdemont en Waterloo, Josep Lluís Alay; al fundador del Diario Ara, Oriol Soler; y al resto de personas de los que la Benemérita ha encontrado rastro de implicación como Xavier Vendrell Segura, exconsejero de la Generalitat y dirigente de ERC; Marta Molina Álvarez, que ocupó cargos en ERC; Josep Campmajó Caparrós, empresario catalán; Jesús Rodríguez Sellés empresario y trabajador del periódico La Directa; Jaume Cabani Massip; Oleguer Serra Boixaderas, consejero de Òmnium Cultural; y Nicola Flavio Giulio, quien presuntamente subvencionó el movimiento.
Las causa de Tsunami Democrátic se inició en 2019 al albur de las protestas callejeras en Cataluña que se saldaron con cerca de 200 detenidos ese año y una factura que según los cálculos de la investigación asciende a 2,8 millones de euros en daños urbanos y de las compañías aéreas. En la investigación hay varias acciones bajo sospecha de actos terroristas como los cortes de carreteras, la paralización de un partido de fútbol en el Camp Nou y el bloqueo del aeropuerto del Prat provocando la cancelación de casi 150 vuelos.
Por su parte, este mismo martes el presidente en funciones de la Sala de lo Penal, Guevara, ha abierto un expediente gubernativo al propio juez de la causa por no haber tramitado correctamente la recusación de uno de los investigados. Oleguer Serra había tratado de apartar a García Castellón, pero este desestimó de plano el documento sin elevarlo a sus superiores. Ahora Guevara interesa que «se requiera al juez» «para que proceda a dar los trámites correspondientes en las recusaciones» y le recuerda que es la Sala de lo Penal la competente para resolver sobre estos incidentes de abstención y recusación. El juez de la Audiencia Nacional remite la causa de Puigdemont sobre ‘Tsunami’ al Supremo
