El escrito con fecha pasado 13 de junio, en el que se opuso al recurso de BBVA contra la última prórroga de la causa –que precisamente caduca a finales de este mes–, la fiscalía ha subrayado las ocasiones en las que la entidad que preside Carlos Torres se ha negado a facilitar documentación, acogiéndose a su derecho de defensa como persona jurídica investigada, o ha recurrido decisiones del juez instructor. Según los fiscales, esto “ha dilatado o dificultado” la práctica de diligencias.
La fiscalía asegura que no está haciendo ninguna “crítica” al banco, ya que entiende que todo encaja en su “estatuto procesal y estrategia de defensa”, si bien, a lo largo de 97 páginas, ha enumerado las actuaciones de BBVA que, en su opinión, “han impedido finalizar la investigación en plazo” y que “equivale dejar en manos del investigado la investigación”. Los fiscales insisten en que esta forma de actuar choca con la “aparente colaboración” con la Justicia que BBVA abandera desde el inicio del procedimiento.
En la larga lista de lo que Anticorrupción ha calificado de “tira y afloja”, los representantes del ministerio público han destacado la oposición de la entidad a ampliar la investigación para indagar en los presuntos encargos realizados al ex inspector de Policía Antonio Bonilla, estrecho colaborador de Villarejo, en el año 2018, cuando el comisario jubilado ya se encontraba en prisión preventiva. En esta línea, también hacen referencia a la negativa del representante legal de BBVA a declarar sobre estos hechos. Se trata de un contrato en el que que los investigadores no han podido profundizar y sobre el que sospechan que el agente encubierto siguió trabajando con el banco pese a la apertura de una investigación en la Audiencia Nacional.
El informe también se centra en la investigación interna que PwC elaboró por encargo de la defensa de BBVA, ejercida por el despacho Garrigues, para depurar responsabilidades internas por la contratación de Villarejo. El ministerio público ha asegurado que este forensic que se entregó al juez para que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional lo examinara no está completo. Según ha señalado, el banco ha entregado documentación de manera “sesgada y paulatina”, en la que se “exponían a algunas personas y evitaban a otras”, generando así “una gran confusión y dificultad en la revisión de la documentación”.
En este sentido, el informe apunta que el banco aportó a la causa 2,3 millones de hits (evidencias) de dicho análisis efectuado por la consultora, cuando en verdad se extrajeron casi cuatro millones de hits. Añade el escrito que al menos existieron siete versiones de trabajo y solo fueron entregadas a la justicia dos, la primera y la última.
Además, en el escrito, Anticorrupción hace una reflexión sobre el papel que juega el consejo de administración de “una gran empresa bancaria con implantación mundial y sometida a distintos mercados supervisados” en esta causa judicial. Los fiscales han recordado que las personas jurídicas, al igual que las físicas, tienen derecho a “no declarar contra sí mismas y no colaborar facilitando documentos que pueden resultarles perjudiciales”. Esta decisión, han precisado, entra dentro de la estrategia de defensa, cuya toma de decisión procesal corresponde al consejo de administración.
De este modo, la fiscalía diferencia las decisiones adoptadas por este órgano gobierno que preside Torres de las que se pueden tomar para afrontar un posible “riesgo reputacional y supervisor de la empresa”. Y es que, según ha explicado Anticorrupción, “en última instancia” este asunto “pertenece a unos accionistas que, en su gran mayoría, ni participan, ni podrían hacerlo, en las decisiones del consejo de administración”.
