Los magistrados sostienen que no son competentes para resolver un conflicto de jurisdicción entre juzgados de distintas comunidades autónomas y recuerdan que esa función corresponde al Tribunal Supremo.
La defensa de Montoro había solicitado que la causa se instruyera en Madrid al considerar que los hechos investigados, relacionados con supuestos cambios legales favorables a empresas gasistas, se habrían desarrollado en órganos de la Administración General del Estado y en la sede madrileña de Equipo Económico. Sin embargo, la Audiencia evita pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Los jueces también advierten de que mantener procedimientos paralelos para resolver la misma cuestión podría generar resoluciones contradictorias. Por ello, insisten en que cualquier discrepancia sobre la competencia deberá resolverse por las vías procesales correspondientes y, en última instancia, por el Supremo.
La Fiscalía y las acusaciones, entre ellas el PSOE, se opusieron al traslado de la causa. Argumentan que la investigación nació de unas diligencias abiertas en Tarragona y que parte de las supuestas actuaciones irregulares, así como reuniones y actividades de influencia vinculadas al caso, guardan relación con esa provincia.
De momento, la investigación continuará en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona mientras se resuelve definitivamente el conflicto competencial. La decisión es relevante porque determinará qué órgano judicial seguirá investigando las presuntas actuaciones para favorecer a empresas del sector gasista a través de modificaciones normativas.
