Lo que comenzó como una crítica puntual a decisiones concretas se ha transformado en una estrategia discursiva que cuestiona abiertamente la legitimidad, la imparcialidad y, en última instancia, la autoridad del sistema judicial cuando sus actuaciones resultan incómodas para el Ejecutivo. El problema no es menor: cuando el Gobierno entra en colisión con la Justicia, la grieta no se abre entre instituciones, sino en los cimientos mismos del Estado de derecho.
No se trata de exigir silencio al poder político ni de blindar a los jueces frente al debate público. En una democracia madura, las resoluciones judiciales pueden y deben ser analizadas, criticadas y recurridas. Pero una cosa es discrepar jurídicamente y otra muy distinta es construir un relato de desconfianza estructural, en el que los jueces pasan a ser presentados como actores politizados, arbitrarios o movidos por motivaciones espurias. Esa frontera, que separa la crítica legítima del descrédito institucional, está siendo cruzada con una ligereza preocupante.
El uso reiterado de la tribuna parlamentaria para cargar contra decisiones judiciales específicas agrava aún más la situación. No son declaraciones improvisadas ni comentarios marginales, sino intervenciones calculadas en el principal foro de representación democrática. Desde ahí se proyecta un mensaje nítido: cuando la Justicia investiga o actúa en una dirección que incomoda al poder, deja de ser un árbitro independiente para convertirse en un problema político. Esa lógica es profundamente corrosiva.
El efecto inmediato de este discurso es la erosión de la confianza ciudadana en los tribunales. Si el propio Gobierno sugiere que ciertas investigaciones son injustas, desproporcionadas o guiadas por intereses ajenos a la ley, ¿qué incentivo tiene el ciudadano medio para creer en la imparcialidad del sistema? La Justicia no se sostiene únicamente en sentencias y códigos, sino en una credibilidad que se construye con décadas de respeto institucional. Socavarla desde dentro es una irresponsabilidad de primer orden.
Pero el daño no se limita al plano social. Desde el punto de vista institucional, esta ofensiva altera el equilibrio entre poderes. El Ejecutivo dispone de una capacidad de comunicación, de una visibilidad y de un poder de arrastre infinitamente superiores a los del poder judicial, cuya obligación es la reserva y cuyos tiempos son necesariamente lentos. Utilizar esa asimetría para desacreditar actuaciones judiciales equivale a librar una batalla desigual, en la que uno de los contendientes apenas puede defenderse sin comprometer los principios que lo sostienen.
Además, este conflicto abierto proyecta una imagen preocupante hacia el exterior. Las democracias consolidadas se miden, entre otras cosas, por la fortaleza de su separación de poderes y por el respeto efectivo a la independencia judicial. Cuando el discurso gubernamental se acerca peligrosamente a la idea de una justicia “alineada” o “hostil” en función de a quién investigue, la señal enviada a socios e instituciones internacionales es inequívoca: las reglas del juego están bajo tensión.
Resulta especialmente inquietante que esta estrategia se despliegue en un contexto de alta polarización política. Convertir a la Justicia en un actor más del enfrentamiento partidista no solo desnaturaliza su función, sino que añade un elemento de inestabilidad permanente. Cada auto, cada diligencia, cada resolución pasa a interpretarse como una victoria o una derrota política, no como el resultado de un proceso legal. En ese escenario, la presión sobre jueces y magistrados se vuelve constante y el incentivo a la autocontención judicial aumenta, con el consiguiente empobrecimiento del control al poder.
El argumento del Gobierno suele apelar a la denuncia de supuestas “injusticias”. Pero esa justificación plantea una pregunta incómoda: ¿quién define qué es una injusticia cuando existe un marco legal y unos cauces procesales para dirimirlas? Sustituir el recurso a los tribunales superiores por la confrontación pública equivale a cuestionar el propio sistema de garantías. Es una senda peligrosa, porque abre la puerta a que cualquier poder considere ilegítima una decisión judicial simplemente porque no le resulta favorable.
Nada de esto es gratuito. La degradación del respeto institucional suele ser gradual, casi imperceptible al principio, pero sus efectos son acumulativos. Hoy es una crítica dura; mañana, una descalificación frontal; pasado mañana, la deslegitimación de todo un poder del Estado. La experiencia comparada demuestra que las democracias no se rompen de golpe, sino por la erosión constante de sus contrapesos.
La fortaleza de un Gobierno no se mide solo por su capacidad de imponer su agenda, sino por su respeto a los límites que le impone el sistema. Aceptar el control judicial —incluso cuando duele— es una prueba de madurez democrática. Tratar de convertir a la Justicia en un adversario político puede ofrecer réditos inmediatos en el debate público, pero supone un coste institucional que acaba pagando toda la sociedad.
En última instancia, la pregunta no es si la Justicia puede equivocarse, sino quién sale ganando cuando se debilita su autoridad. Y la respuesta, casi siempre, es inquietante: nunca gana la democracia, y rara vez gana el ciudadano.
