Desde su llegada al Gobierno, el precio de compra de las viviendas ha aumentado un 74% y los alquileres se han encarecido un 45%, mientras la oferta disponible para arrendar se ha reducido de forma notable.
Según el último barómetro del CIS, ocho de cada diez ciudadanos consideran que la situación del mercado inmobiliario les preocupa «bastante» o «mucho». El problema se agrava por el crecimiento de la población y de los hogares, frente a una construcción insuficiente para atender la demanda.
La Ley de Vivienda, aprobada en 2023, ha centrado buena parte de la actuación del Gobierno en el mercado del alquiler, incluyendo límites de precios en las zonas tensionadas. Sin embargo, la escasez de oferta persiste. Los anuncios de viviendas en alquiler se han reducido un 44% desde 2018, con descensos especialmente acusados en Madrid y Barcelona.
Al mismo tiempo, la falta de obra nueva ha impulsado el precio de la vivienda usada, cuyo coste medio ha pasado de 1.680 a 2.930 euros por metro cuadrado. Aunque las compraventas se mantienen en niveles elevados, la mayoría corresponden a inmuebles ya existentes y no a nuevas promociones.
El sector señala la escasez de suelo como uno de los principales obstáculos para aumentar la construcción. La reforma de la Ley del Suelo, reclamada para agilizar el desarrollo urbanístico, continúa bloqueada en el Congreso.
El Banco de España advierte además de que la oferta residencial sigue creciendo por debajo de la demanda, una situación que continuará presionando los precios en los próximos años.
