El objetivo ha sido preservar el poder adquisitivo de los pensionistas frente al encarecimiento de los precios.
Desde 2022, la actualización anual se calcula con la inflación media registrada entre diciembre y noviembre. Ese año las pensiones subieron un 2,5%, pero el mayor incremento llegó en 2023, con un alza del 8,5% para compensar la fuerte escalada de precios provocada por la crisis energética y la guerra en Ucrania.
El coste de esta revalorización también se ha disparado. La factura destinada a actualizar las pensiones con el IPC pasó de 28.278 millones de euros hace cuatro años a 45.870 millones en 2025. En 2026 las prestaciones han aumentado otro 2,7% y, hasta septiembre, la Seguridad Social había destinado 35.063 millones a cubrir este concepto. Para 2027, varios centros de análisis prevén una subida próxima al 3,5%, impulsada por las tensiones inflacionistas derivadas del conflicto en Oriente Medio.
El sistema sustituyó al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) aprobado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy, que fijaba un incremento mínimo del 0,25% anual. De haberse mantenido ese modelo, las pensiones apenas habrían aumentado un 1,3% entre 2022 y 2026.
La vinculación al IPC, unida al aumento del número de pensionistas y a la mejora de las prestaciones medias, ha elevado el gasto del sistema a máximos históricos. El desembolso total pasó de 151.221 millones de euros en 2022 a 189.599 millones en 2025, un 25,3% más.
