La operación se enmarca en la estrategia del Ejecutivo luso de reforzar su presencia en la compañía energética a través de Parpública, la gestora estatal de participaciones. Con esta nueva adquisición, el Gobierno considera prácticamente cumplido su objetivo de alcanzar una participación cercana al 20%.
El cierre definitivo de la operación queda pendiente de la autorización del Tribunal de Cuentas. Desde la compra del paquete de Pontegadea, el Estado portugués se ha convertido en el segundo mayor accionista de REN, solo por detrás de la china State Grid, que controla el 25% del capital.
La adquisición ha sido cuestionada por parte de la oposición, aunque el Ejecutivo la defiende por el carácter estratégico de la energía en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y la seguridad del suministro.
