El Gobierno aceleró el desarrollo reglamentario para poner en marcha el fondo de pensiones de empleo de promoción pública en julio de 2023, antes de las elecciones generales. En septiembre de ese mismo año formalizó el contrato con las cinco entidades gestoras que se encargarían de llevar los 15 vehículos vinculados al fondo: VidaCaixa, Caser, Gestión de Previsión y Pensiones -perteneciente a BBVA-, Ibercaja y Santander, cada una de las cuales tiene que captar un patrimonio de 500 millones de euros en tres años.
En octubre de 2024, seguía congelado y Seguridad Social introducía novedades para impulsar los FPEPP, y lo hacía tras admitir en la memoria que acompañaba en el real decreto que era urgente introducir mejoras técnicas en el texto.»A finales del año pasado, entraron en vigor las novedades introducidas por el Real Decreto 1086/2024, de 22 de octubre, para el impulso de los planes de pensiones de empleo (Real Decreto 1086/2024), que realiza varias modificaciones y mejoras técnicas en el Reglamento de planes y fondos de pensiones (RPFP), que esperamos que sean un impulso para estos fondos de pensiones de empleo de promoción pública».
El Decreto retocó varios aspectos de la regulación de la Comisión de Control -formada por Ministerio, sindicatos y patronal-. En concreto, los miembros de dicha Comisión cobrarán una vez gestionen al menos 1.000 millones de patrimonio; las retribuciones no sean nominales; introduce que los partícipes del plan puedan percibir las prestaciones en la jubilación parcial; que tanto la Comisión Promotora y de Seguimiento como la Comisión de Control Especial puedan solicitar asistencia jurídica al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, y por último, el Decreto elimina incompatibilidades entre los altos cargos de la Administración General del Estado.
El objetivo del fondo, según el RD es «dar cobertura a colectivos de trabajadores sin planes de empleo en sus empresas o a autónomos, así como aumentar la cobertura de los planes de pensiones de empleo acordados mediante negociación colectiva, preferentemente sectorial».
Y desde entonces nada de nada y todos los expertos señalan que será difícil modificar esa situación, al menos en las actuales circunstancias de la paralización gubernamental.
