El colectivo de funcionarios achaca al TC un «blanqueamiento» del delito de malversación en las sentencias por el fraude de los ERE -por el que fueron condenados, entre otros, los expresidentes socialistas de Andalucía Chaves y Griñán-. Asimismo, reprocha a Conde-Pumpido lo que denomina «maniobras torticeras y presuntamente coactivas para impedir» que la Audiencia Provincial de Sevilla eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea -para que determine si vulneran el derecho comunitario en la lucha contra el desvío de fondos públicos y en la normativa para atajar la corrupción política- «utilizando a la Fiscalía», lo que según asegura «supone una obstrucción a la Justicia».
En el escrito remitido a la Comisión Europea, el secretario general de Manos Limpias, Bernad, denuncia al presidente del TC «por no ser independiente e imparcial» y por un supuesto incumplimiento de las exigencias de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción, el fraude y «la actividad ilegal que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Y, también, por obstrucción a la justicia, lo que según pone de relieve supone «un retroceso en el Estado de Derecho».
Para Manos Limpias, el TC ha invadido competencias jurisdiccionales de la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo (que avaló las condenas por el fraude de los ERE) al anular las condenas con su interpretación de los delitos de prevaricación y malversación. Esas sentencias, recalca, vulneran la normativa europea en la lucha contra la corrupción y el fraude. «Se blanquea el delito de malversación de caudales públicos para favorecer a políticos afines al denunciado», afirma Manos Limpias, que recuerda que como acusación en el «caso ERE» instó al tribunal a plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE.
El colectivo de funcionarios considera una «clara obstrucción a la Justicia» que Conde-Pumpido tratara de «impedir» que la Audiencia Provincial de Sevilla formulase la cuestión prejudicial ante la Justicia europea «utilizando además una Fiscalía politizada y obligándola a través del fiscal general del Estado a oponerse mediante mandato imperativo».
«El acoso constante, pertinaz del denunciado para impedir que se eleve la cuestión prejudicial por la Audiencia Provincial de Sevilla pese a los informes desfavorables de los letrados del Constitucional y de las censuras de las asociaciones de jueces y magistrados -señala- constituye una prueba evidente, clara y manifiesta de obstrucción a la Justicia». De ahí que inste a la Comisión Europea a analizar la denuncia y elevarla al TJUE para que esclarezca si Conde-Pumpido ha podido incumplir la normativa comunitaria sobre la lucha contra la corrupción y el fraude, perjudicando los intereses financieros de la Unión Europea e incurriendo en obstrucción a la Justicia.
