En la denuncia, el sindicato esgrime que la filtración vulnera gravemente la intimidad del presidente. Paradójicamente, se trata del sindicato que ha sentado en el banquillo a Begoña Gómez y a David Sánchez, esposa y hermano del jefe del Ejecutivo. La entidad, dirigida por Miguel Bernad, a quien el Ejecutivo ha tachado de manera reiterada durante los últimos meses de «organización de extrema derecha», solicita al Ministerio Público que indague quién ha filtrado las conversaciones privadas mantenidas por Sánchez y Ábalos que están viendo la luz en estos días. Para Bernad, este hecho vulnera la intimidad del jefe del Ejecutivo en tanto que representa a la Presidencia del Gobierno. «Hasta el presente, ha quedado constatado que las filtraciones de datos íntimos y reservados (en referencias a los chats) no han sido consentidas ni autorizadas por el presidente del Gobierno», reza la denuncia.
De hecho, Bernad se apoya en el artículo 18 de la Constitución, que garantiza el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En la denuncia también se argumenta que «lo que pretende esta acción judicial es que se respete el Estado de Derecho y la legalidad vigente (…) No se pretende defender al agraviado sino defender a la institución que representa».
