Cinco meses después de quedarse desierta la primera licitación por el concierto que ampara a 1,5 millones de beneficiarios, entre funcionarios y familiares, este martes 4 de marzo acaba el plazo para que las aseguradoras formalicen su adhesión a las nuevas condiciones que suponen una mejora del 41,2% de las primas medias. La primera licitación quedó desierta a principios de noviembre del año pasado al considerar las aseguradoras que la propuesta les llevaría a incurrir en pérdidas tras lo que el Ministerio de Función Pública abrió una consulta preliminar de mercado. Después de esa consulta, se sacó una segunda licitación que finalmente se modificó hasta alcanzar los 4.800 millones en tres años.
Con estas últimas condiciones, Asisa y SegurCaixa Adeslas ya han avanzado su decisión de renovar su participación en el concierto con Muface, mientras que otras como Axa o DKV siguen valorando sumarse.
Durante estos meses, la situación generada ha abierto el debate sobre la idoneidad de un sistema que implica que el Estado cofinancie un seguro médico privado para los funcionarios públicos. Dentro del propio Ejecutivo existen discrepancias. Sumar ya planteó en su programa electoral la extinción progresiva de la atención sanitaria privada para los funcionarios y el Ministerio de Sanidad publicó recientemente un informe en este sentido.
Para el PSOE, según el titular de Función Pública, López, es un debate que se puede abordar, pero una vez quede resuelta la situación para los próximos tres años. Por su parte, los sindicatos han venido reclamando la continuidad de este modelo que rechazan calificar de «privilegio». CCOO y UGT han pedido al Gobierno y a las aseguradoras un esfuerzo para garantizar su continuidad y, de forma más beligerante, CSIF llegó a anunciar una convocatoria de huelga si la licitación volvía a quedar desierta.
Otros sindicatos del sector público (ANPE, Fedeca, SIAT, SPP, SUP, UFP, USIE y USO) han creado una plataforma para defender y exigir conjuntamente la continuidad de este servicio.
