La dirección del PSOE ha rechazado de forma tajante que los pagos en efectivo realizados desde el partido al exministro José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García pudieran servir para blanquear fondos procedentes de actividades ilícitas.
En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, al que ha tenido acceso EFE, la formación califica esa hipótesis de «brindis al sol», aunque admite que «nunca se pueden descartar abusos» que hayan podido perjudicarle. El documento, de 20 páginas, responde a la petición del PP de expulsar al PSOE de la causa como acusación popular, después de que el magistrado abriera una pieza separada para investigar esos pagos en metálico a instancias del instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Lepoldo Puente.
El PSOE se reivindica como perjudicado y no como sospechoso
En su escrito, el partido sostiene que no existe ningún pago «que no se encuentre ‘debidamente contabilizado’, ni a Koldo García ‘ni a ningún tercero’, y que no venga ‘amparado en un recibo o factura'». A partir de ahí, añade: «A partir de esta realidad -puntualiza-, nunca se puede descartar la existencia de abusos que hayan perjudicado al PSOE, lo que no haría sino reforzar su posición de acusación en este procedimiento».
La dirección federal recalca que su actuación en la causa ha sido de «clara y manifiesta colaboración» y de compromiso «con la verdad y la justicia». Recuerda que el partido remitió su documentación contable en cuanto se conoció la citación como testigos del exgerente Mariano Moreno Pavón y de la empleada encargada de las entregas en efectivo. En ese contexto, los abogados subrayan: «Mi mandante se adelantó para aclarar (…) que Koldo García Izaguirre, en su condición de militante socialista y asistente del secretario de Organización, habría gestionado el cobro de gastos correspondientes a dicha Secretaría, (…) y siempre contra las cuentas oficiales del Partido, cuyos movimientos ofrecen una trazabilidad inmaculada».
El PSOE califica de «sorprendente» que el instructor del Supremo «deslice la sospecha de que tales facturas y recibos hubieran sido encontrados por quien los presentaba al cobro», cuando en la causa no aparece «ni el menor dato que apunte a que se hayan presentado al partido gastos inexistentes o recibos encontrados por la calle».
Y advierte: «En cualquier caso, de constatarse tal extremo, es evidente que el perjudicado sería el PSOE».
El escrito dirige parte de sus reproches al rumbo que, a juicio del partido, ha tomado la investigación en la Audiencia Nacional. Habla de un «nuevo cambio en el objeto de una instrucción que, vistos los antecedentes, no termina de encontrar su foco: iniciada para investigar adjudicaciones de contratos relacionados con la pandemia, cambió de orientación para investigar también un posible cohecho por adjudicación de obra pública en el Ministerio de Transportes y ahora parece disponerse a investigar las liquidaciones de pagos abonadas por el Partido Socialista».
Para los abogados del PSOE, «todo apunta -abunda el escrito- a que con esta iniciativa, y a falta de otros resultados más sólidos en otros perfiles de la causa, se pretende iniciar una línea prospectiva que mantenga abierta la investigación centrada en esta parte, como desde el principio han pretendido el PP y Vox», una vía que consideran «dispuesta sobre la nada más absoluta». Y rematan: «En algún momento habrá que cortar esta carrera al absurdo: el PSOE jamás reembolsó unos gastos sin que se le presentara un recibo o una factura de tales gastos».
El documento sostiene que el departamento de administración «no podía albergar ni la menor sospecha» de que Ábalos o personal vinculado a la Secretaría de Organización estuvieran implicados en actividades irregulares o hubieran sufragado gastos con dinero de origen ilícito. A juicio del partido, de hecho, «el propio magistrado del Supremo debe descartar la implicación de este aforado, ‘pues de lo contrario habría mantenido su competencia para investigarlo'».
Sobre la procedencia del efectivo, el PSOE reitera que los fondos se extraían de una cuenta bancaria habilitada a tal efecto y lamenta «sobremanera» que en la pieza separada se haya incorporado la declaración de la empresaria Carmen Pano, que dijo haber llevado 90.000 euros a la sede de Ferraz.
El escrito recuerda que «a pesar de que esta señora ha sido paseada por el PP por distintos foros, incluyendo una comisión de investigación en el Senado (donde contestó con gestos de cabeza) no se ha seguido ninguna actuación judicial de sus afirmaciones».
En cuanto a las dudas del magistrado Puente sobre la contratación de una empresa de seguridad para el traslado de dinero desde el banco, el PSOE replica que era la única forma de disponer de efectivo y concluye que se hizo «precisamente porque no contaba con gente como Carmen Pano para nutrir una supuesta caja B, que el PSOE nunca tuvo».
