Agentes del Instituto Armado se han personado igualmente en la sede de la SEPI en Madrid en un «requerimiento de información» sobre la operación para salvar la compañía con dinero público, según han confirmado fuentes próximas a la investigación.
La empresa vasca fue rescatada por la SEPI con una inyección pública de 112,8 millones de euros, que se canalizó a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) para evitar su disolución obligatoria ante su patrimonio neto negativo.
La UCO ha apuntado ya que Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso -la trama se conoce como Hirurok («Nosotros tres», en euskera)- habría obtenido 114.950 euros de comisión por el rescate de Tubos Reunidos. Los agentes sospechan que estos pagos camuflados sirvieron como contraprestación por utilizar su «ascendencia e influencia» dentro del holding público para agilizar los fondos estatales.
De acuerdo con el informe policial, Leire Díez y Vicente Fernández «propusieron acudir» a Santos Cerdán y a Antxon Alonso, empresario al que los investigadores consideran socio del exdirigente socialista, para «impulsar» la ayuda cuando esta estaba bloqueada. La UCO sospecha, además, que el grupo Hirurok intermedió con «algún miembro del Partido Nacionalista Vasco», lo que «podría haber contribuido» a que el rescate llegase a término.
Los investigadores también han identificado «una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025» para conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la que podría haber participado Cerdán.
El sumario refleja una reunión entre Cerdán, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos el 13 de noviembre de 2024 en el despacho que el exsecretario de Organización socialista tenía en la sede del PSOE, en la calle de Ferraz, en Madrid. «Reunión Tubos Reunidos» es, de hecho, una de las anotaciones que aparece en una libreta azul de notas incautada a Leire Díez y que obra en el sumario. «Con razón de esta operativa», dice la UCO, Vicente Fernández «habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos».
La compañía vasca notificó el pasado 4 de mayo a la CNMV que había solicitado la declaración de concurso con carácter voluntario por la falta de entrada de caja. El consejo de administración alegó que esta declaración «se ha adoptado tras recabar los oportunos asesoramientos externos y con la finalidad de proteger los intereses de los acreedores, trabajadores, proveedores y accionistas de la Sociedad y sus filiales». El pasado lunes, en su primera reunión con los comités de empresa del grupo industrial, el administrador concursal PKF Attest, Iker Filloy, confirmó que la deuda de la compañía superaba los 200 millones y que la situación de tesorería es «muy delicada».
