En el marco de la consulta pública abierta por el Ejecutivo, han alertado de que este proyecto de fusión conlleva riesgos económicos, sociales y laborales. «El escrito que ambos sindicatos han dirigido al Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, confirman lo que ambas organizaciones vienen denunciando: la operación no se justifica por razones de eficiencia ni competitividad, y por el contrario supondría un grave perjuicio para el conjunto de la sociedad», esgrimen en el comunicado, para añadir que las experiencias de las últimas fusiones bancarias llevadas a cabo en España muestran que «irremediablemente se produce pérdida de empleo, cierre de oficinas y pérdida de competencia, entre otros factores.
En este caso concreto recuerdan que podrían desaparecer entre 7.684 y 10.567 puestos de trabajo directos, con especial incidencia en las personas mayores de 50 años, con el cierre de entre 589 y 883 sucursales. Los sindicatos también sostienen que la entidad resultante concentraría alrededor del 70% de los activos bancarios del país algo que, según avisan, acentúan el riesgo sistémico y debilita la salud del sistema financiero. Desde una perspectiva territorial, esta operación socavaría la cohesión social y económica, debilitando el tejido productivo en comunidades especialmente expuestas. La eliminación de un operador clave como el Banco Sabadell en regiones donde tiene una fuerte implantación (Cataluña, País Valenciano, Asturias o Murcia) representa una amenaza directa a la pluralidad del sistema bancario y a su capacidad para servir a la economía real».
Asimismo, tachan de «irresponsabilidad empresarial» destinar miles de millones a mejorar la remuneración del accionariado o a sobrepujar la oferta en lugar de reforzar el capital en aras de prepararse para las amenazas de «un contexto económico internacional incierto». En esta línea, subrayan que la opa «no cuenta con el respaldo social ni institucional». «Trasladamos al Gobierno de España que adopte las medidas necesarias para impedir una operación rechazada por el conjunto de la sociedad, que amenaza con concentrar aún más el poder bancario, debilitar la competencia, destruir empleo, encarecer el crédito y agravar la exclusión financiera».
