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  DESTACADO PORTADA  Parar la investigación
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Parar la investigación

El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, que obra en poder del juez instructor del caso Plus Ultra, revela una conversación entre Rodolfo Reyes, accionista de la aerolínea, y su abogado Miguel Palomero, en la que se hablaba de «hacer un Kitchen Gabinet» para dificultar la investigación judicial que estaba iniciándose.

RedaccionRedaccion—24 de mayo de 20260
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Ese informe, contiene una conversación del 20 de mayo de 2021 entre Reyes y Palomero en la que hablan de la estrategia a seguir para defenderse de la investigación que acababa de abrirse por el rescate de esta compañía venezolana.
«El 29/04/2021 se incoaron diligencias judiciales en relación a la concesión de la ayuda pública», recuerda el informe de la Policía Nacional. Y en ese contexto, Palomero le indica a Reyes que «mañana» preguntará para que le digan «cómo es la juez del 15 [Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid]». Además, añade que la fiscal jefe «es amiga» y que «hay que cortar esto». Rodolfo Reyes le responde que «absolutamente» y le pide que hable con Julio Martínez Sola –presidente de la aerolínea– para cortarlo. «Hay que hacer un Kitchen Gabinet», zanja su abogado.

Cuatro días después, otra vez Palomero, en conversación con su representado Rodolfo Reyes, le indica que escribió y llamó a Julio Martínez Sola (el citado presidente de Plus Ultra) y que este le dijo que se lo iba a comentar «a vuestro abogado». «Yo desde luego presentaría un escrito al juzgado poniéndome a su entera disposición para remitir información y documentación que necesite», le recomienda Palomero a Reyes, que en esos días mantuvo numerosas conversación sobre la estrategia a seguir.
La fiscal «amiga» a la que aludía la trama no es otra que María Luisa Llop, fiscal de la sección de delitos económicos de Madrid, quien pidió (dos meses después de estos mensajes) desbloquear el pago de 34 millones que habían quedado paralizados tras la apertura del caso. «No está acreditado en modo alguno, a la vista de las actuaciones practicadas, la existencia de delito, ni de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraude de subvenciones y, por tanto, tampoco la necesidad de adoptar medida cautelar alguna», dijo entonces la Fiscalía.

Finalmente, «la juez del 15», como se referían a ella en los mensajes –de nombre Esperanza Collazos–, acabó archivando la investigación en primera instancia el 9 de enero de 2023. La causa, como es sabido, se ha reabierto por la sospecha de blanqueo, circunstancia que tiene a José Luis Rodríguez Zapatero citado como imputado para el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional.

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