Lo hizo ordenándoles que no informasen a la cadena de mando de su investigación a las cloacas del PSOE, que ha derivado en la imputación de la directora general, Mercedes González, y el Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas.
El instructor del caso quiso evitar que los detalles de las pesquisas, en las que estaban implicados los dos máximos responsables del cuerpo, llegasen a sus oídos. Antes de que la UCO irrumpiese en la Dirección General de la Guardia Civil el pasado 27 de mayo, el juez les exigió que sólo le informasen a él y a la Fiscalía Anticorrupción.
De esta forma, la entrada de los agentes en la sede central del Instituto Armado, donde recabaron los expedientes con los que les “presionaron” y tomaron declaración a los mandos supuestamente represaliados, sorprendió a la cúpula. De hecho, la directora general, Mercedes González, se encontraba en un acto oficial fuera de las instalaciones de la calle Guzmán el Bueno.
En los días previos a los registros de la UCO en Ferraz y la Dirección General de la Guardia Civil, el juez redactó un escrito, en el que ordenó al teniente coronel de la UCO que sólo informase a la Fiscalía Anticorrupción y a él mismo de los avances en la investigación. En concreto, les pidió que mantuvieran «la debida y rigurosa cautela sobre la evolución y el resultado de las concretas investigaciones que le hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan».
No es la primera vez que un juez que investiga la presunta corrupción del Gobierno y el PSOE muestra su desconfianza en las cúpulas políticas de la Guardia Civil o la Policía Nacional.
