Dice el escrito que, más que tener dudas, lo que se quiere es un «dictamen consultivo sobre cuestiones hipotéticas». Más que buscar una respuesta sobre la legalidad de la norma, la Abogacía del Estado considera que lo que se persigue es un veredicto sobre la «idoneidad» de la medida ante la resistencia de la oposición en España y de algunos países europeos. «En ningún caso existe una apariencia indiciaria de una clara vulneración del derecho de la Unión Europea», concluye, por lo que «no procede la adopción de la suspensión pretendida en atención al interés público especialmente cualificado que se deriva, íntima y cualificadamente, de un sustrato humano que trasciende la mera consideración económica».
La Abogacía responde así a la petición de informe a las partes que hizo esta semana el Tribunal Supremo dentro del trámite de los recursos que presentaron los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Aragón contra el decreto. Los magistrados piden informes para analizar si elevan una cuestión prejudicial al TJUE y si suspenden la norma. Una suspensión que rechazaron el pasado mes de mayo cuando la solicitaron Vox y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
