En su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la SEPI en la Cámara Alta, Martín explicó que elaboró en 2021 el único informe pericial independiente sobre el rescate, por encargo del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, y firmó el documento el 7 de octubre de aquel año. El experto concluyó que Plus Ultra estaba en crisis el 31 de diciembre de 2019 y arrastraba «más de un año en causa de disolución», con pérdidas acumuladas superiores al 50% del capital social. A su juicio, la empresa debió haber solicitado concurso de acreedores en lugar de recibir el dinero público.
El informe del perito recoge que resulta «inviable» devolver los 53 millones del rescate, más los intereses, en 2028, según el plan de viabilidad que presentó en su momento la propia aerolínea. Ese plan, que Martín calificó de «muy optimista», preveía amortizar toda la deuda y dejar un remanente de caja de 47 millones.
Preguntado por la posibilidad de que las cuentas se «maquillaran», el economista respondió que se «utilizaron cambios de criterios contables» que vulneraban el Plan General de Contabilidad. Detalló que el préstamo participativo de Panacorp no ascendía en realidad a 6,3 millones, sino a 2,3, porque cuatro millones quedaron retenidos como garantía.
Martín explicó que ese crédito debía considerarse «privilegiado» y no participativo, lo que situaba a la compañía en causa de disolución por pérdidas. Sumó otras dos irregularidades: la falta de dotación de provisiones en el ejercicio adecuado y el beneficio imputado por la dación en pago de una aeronave a los bonistas. Sobre el destino de los fondos, el perito reconoció haber detectado una transferencia de 707.000 euros a una sociedad ajena a la actividad aérea radicada en un paraíso fiscal, aunque advirtió de que rastrear el dinero no era objeto de su pericia. Las órdenes de pago de 2021 sumaron 32,7 millones de euros. Martín argumentó que «realmente no eran motivos económicos» los que impulsaron el rescate, dado que ni siquiera con un plan tan optimista la operación resultaba sostenible, y apuntó a que «tendría que haber otros motivos». Reclamó una ampliación pericial que verifique euro a euro el destino de los fondos públicos.
