En este sentido, el IVA de los carburantes volverá al tipo general del 21% a partir del 1 de julio, tras haber estado más de dos meses reducido al 10%. Paralelamente, la rebaja del impuesto de hidrocarburos se mantendrá de forma decreciente: será de 15 céntimos por litro en julio, de 10 céntimos en agosto y de 5 céntimos en septiembre, hasta su eliminación definitiva en octubre.
El Gobierno ha explicado que esta retirada progresiva responde a la evolución a la baja de los precios energéticos en los mercados internacionales y busca evitar un impacto brusco en los consumidores. Además, se ha incorporado una cláusula de reactivación que permitiría recuperar las ayudas si los precios vuelven a repuntar. En ese caso, el descuento podría aumentar nuevamente hasta los 20 céntimos por litro.
No obstante, el Ejecutivo ha decidido mantener determinados apoyos ante la previsión de que los precios de la energía sigan por encima de los niveles previos al conflicto durante algún tiempo. Entre ellas destaca la prolongación de la ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasóleo para agricultores y transportistas, así como la aprobación de 165 millones de euros adicionales para la compra de fertilizantes, que se suman a los 500 millones ya existentes.
En cambio, otras medidas sí desaparecen definitivamente, como la bonificación fiscal aplicada a la electricidad y el gas.
Por otro lado, el Gobierno ha detallado una eliminación progresiva del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Este proceso se desarrollará a lo largo de 18 meses: el gravamen se situará en torno al 5% en lo que resta de 2026, descenderá al 3,5% en 2027 y quedará completamente suprimido en 2028.
El Ejecutivo considera que esta medida envía una señal estructural al sector energético, al tiempo que refuerza el proceso de electrificación de la economía, aunque reconoce su elevado coste presupuestario.
En conjunto, las decisiones adoptadas suponen un alivio fiscal adicional estimado en unos 1.825 millones de euros, cifra a la que se añadirán cerca de 2.700 millones derivados de la eliminación del impuesto a la producción eléctrica.
