Según las informaciones publicadas y el avance de diversas investigaciones judiciales, algunos observadores consideran que existe un riesgo real de que la investigación alcance al propio partido, especialmente si se acreditara que determinadas actuaciones generaron un beneficio para la organización.
El elemento más relevante es la diferencia entre la responsabilidad individual y la responsabilidad de la organización. La investigación del denominado caso Koldo ha situado bajo el foco a personas que ocuparon posiciones de máxima influencia dentro de la estructura del PSOE, lo que ha llevado a algunos juristas a plantear la posibilidad de examinar la actuación del partido como sujeto jurídico.
Sin embargo, conviene recordar que una eventual imputación no equivale a una condena. En un Estado de derecho, la mera existencia de una investigación no permite prejuzgar el resultado final. Para que el PSOE terminara sentado en el banquillo sería necesario que los tribunales apreciaran indicios suficientes de responsabilidad penal de la organización, y posteriormente que esos indicios fueran sometidos al correspondiente proceso judicial,
Políticamente, el debate resulta especialmente sensible porque Pedro Sánchez llegó al Gobierno reivindicando la regeneración democrática tras la corrupción que afectó al PP en el caso Gürtel. Por ello, la eventual apertura de un procedimiento contra el propio PSOE tendría un elevado coste reputacional y supondría un desafío para el relato político que ha acompañado al partido durante los últimos años.
En definitiva, la posibilidad jurídica existe porque la legislación española permite exigir responsabilidad penal a los partidos políticos como personas jurídicas. No obstante, afirmar hoy que el PSOE acabará en el banquillo sería prematuro. La respuesta dependerá exclusivamente de lo que logren acreditar las investigaciones y, en última instancia, de las decisiones de los tribunales.
