«No parece que pueda caber duda racional alguna sobre la subsunción del relato de hechos de este procedimiento en el ámbito objetivo del artículo 1 de la ley», indica su abogado Gonzalo Boye, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, en el que además apostilla que no concurre ninguna causa de exclusión. En 11 páginas, Boye explica además que «cualquier otra interpretación conlleva un retorcimiento de la norma y un forzamiento tanto de la ‘voluntas legislatoris’ como de la ‘voluntas legis'».
Subraya que esta causa, que se inició en la Audiencia Nacional pero que se desgajó para enviar al Supremo la parte de Puigdemont y del parlamentario de ERC Rubén Wagensberg por ser aforados, no contempla hechos que «hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos».
Y recuerda que se ha «especulado y abusado mucho» del suceso acaecido el día de la manifestación de Tsunami Democràtic que bloqueó el aeropuerto de El Prat y en el que falleció un hombre de origen francés. «Se mire por donde se mire, dicho hecho, que no guarda relación alguna con la manifestación, no puede ser calificado de intencionado ni causado por nadie específico sino por las propias circunstancias y padecimientos médicos del fallecido», añade.
Sobre la imputación del delito de terrorismo, la defensa del expresident indica que en el presente caso «los hechos (…) no pueden ser encuadrados dentro de lo que la Directiva Europea establece como fines terroristas conforme al propio artículo 3 de dicho cuerpo normativo».
«Pretender algo distinto, sobre hechos que son públicos y notorios, no es más que la criminalización del ejercicio de los derechos fundamentales», señala haciendo alusión a las manifestaciones que tuvieron lugar tras la sentencia del ‘procés’ en 2019. Así, insiste en que corresponde «declarar amnistiados los hechos por los que se investiga» a Puigdemont y por tanto pide el sobreseimiento libre y la extinción de la eventual responsabilidad penal que se le pretendía atribuir en el presente procedimiento.
Además, recuerda que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya se ha pronunciado al respecto señalando que «los hechos encuentran acomodo claro en el ámbito de aplicación de la citada ley, más conocida como ley de amnistía».
