Volvió a ser la tecnología que más horas equivalentes a plena potencia estuvo operativa, concretamente el 83,27%, lo que supone 7.314 sobre un total de 8.784. Es innegable que aportan una importante electricidad de base y constante, ofreciendo estabilidad y robustez al sistema eléctrico. Además, no emiten CO2. «El cierre de la nuclear en España impactará negativamente en el coste de la factura energética, emisiones de CO2 y seguridad de suministro. Cualquiera que lo analice desde una perspectiva objetiva y técnico-económica llegará a la misma conclusión porque no es viable que la nuclear se reemplace por renovables en el corto y medio plazo, dados los retrasos que llevamos en los objetivos de renovables y almacenamiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Urge reabrir el debate sobre el cierre porque creemos que las condiciones previstas en el protocolo no se cumplen y una mala decisión irreversible puede tener las consecuencias que ya hemos estado viendo en Alemania», señalan desde PwC España,
Según PwC, la energía nuclear es la única tecnología que ha aportado más de un 20% de la generación en los últimos 12 años -a contar desde 2023-. Desde la consultora advierten de que el cierre del parque nuclear implicará un riesgo en la garantía de suministro del sistema eléctrico (están situadas cerca de zonas de alta demanda) y, como consecuencia, otras tecnologías (principalmente térmicas como el gas natural), que actualmente funcionan en punta para cubrir la volatilidad de las renovables, pasarán a funcionar en base con un mayor coste y mayores emisiones.
Dentro del mismo periodo, PwC subraya que las centrales han evitado la emisión de más de 400 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que equivale, según sus datos, al total de las emisiones del parque automovilístico español de los últimos siete años. En España, las centrales nucleares cuentan con diseños similares a los de una gran parte de los reactores nucleares del resto del mundo. Las autoridades competentes de los países con programas nucleares están tomando decisiones para extender la operación de las plantas hasta los 60 u 80 años, como ya ha ocurrido en países como Estados Unidos. España se ratifica tanto en el PNIEC como en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos que la operación de las centrales se extenderá como máximo hasta los 47 años (Trillo, en mayo de 2035).
Las cuatro grandes eléctricas que gestionan las centrales nucleares firmaron su compromiso para el cierre en marzo de 2019. De este modo, y salvo sorpresa de última hora, los siete reactores dejarán de funcionar de manera escalonada entre 2027 y 2035. El calendario arranca con Almaraz y finaliza con Trillo. En el Ministerio para la Transición Ecológica no hay constancia de que los titulares de los reactores hayan solicitado de manera formal la modificación del protocolo. «Los plazos ya se acordaron con las empresas en su momento», dijo la vicepresidenta Aagesen, durante la XV Edición del Spain Investors Day, celebrado el pasado miércoles.
España tiene en la actualidad cinco centrales nucleares activas con siete reactores en total. La central de Almaraz está en manos de Iberdrola (52,7%), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) y cuenta con dos. Ascó también tiene un par y cuenta como dueños con la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II. La instalación de Cofrentes depende de Iberdrola, mientras que Vandellós se la reparten también entre Endesa (72%) e Iberdrola (28%). Por último, el reactor de Trillo lo comparten Iberdrola (49%, Naturgy (34,5%), EDP (15,5%) y Endesa (1%). Además, hay otras dos centrales en desmantelamiento: la de José Cabrera en la fase final y la de Santa María de Garoña en la fase inicial.
Desde su creación en 2005, la tasa con la que las centrales nucleares financian las actividades del PGRR ha ido ‘in crescendo’ conforme Enresa ha ido elevando los costes del plan. La última modificación se ha traducido en una propuesta que implicaría una subida del 30%, pasando a 10,36 euros megavatio hora (MWh).
La actualización de los costes futuros responde principalmente a la necesidad de mantener siete almacenes temporales descentralizados (ATD), uno en cada emplazamiento de las centrales nucleares, que sustituirán al fallido almacenamiento temporal centralizado (ATC). Según PwC, esto supone un «extracoste» que no es imputable a los propietarios de las centrales nucleares, sino derivado de una decisión política. PwC explica que el total de impuestos y tasas para las centrales se sitúan en los 25 euros/MWh, que equivalen a entre un 35% y un 40% de su facturación anual.
