Así lo ha avanzado este miércoles en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo regional, García Martín, quien ha recordado que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez tiene cinco días para alegar sobre la medida cautelar solicitada, que es la suspensión del Real Decreto. La Comunidad de Madrid alega para su rechazo a esa regularización masiva que afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños, sin articular mecanismos financiación y de provisión de medios, que contraviene la normativa de la Unión Europea y, además, que afecta a la Seguridad Nacional.
El pasado viernes, Vox también presentó su recurso contra este Real Decreto, y otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular como Murcia, Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, Castilla y León y Galicia piensan hacer lo propio.
«La política migratoria del Gobierno central es un auténtico caos que se ha agravado como consecuencia de este Real Decreto», ha afirmado este miércoles el portavoz de la Comunidad de Madrid, al tiempo que ha explicado que el Gobierno regional está a favor de una inmigración «legal, ordenada, vinculada al empleo» y en contra de este proceso masivo que tiene «importantes deficiencias», como que solo se necesiten cinco meses de estancia en España.
También ha criticado que «un inmigrante en situación irregular con antecedentes penales cancelables pueda regularizarse», algo que ha citado de «gravísimo», igual que el hecho de que inmigrantes en prisión preventiva también puedan optar a legalizar su situación.
«Este decreto está suponiendo ya el colapso de los servicios públicos, sobre todo, de los ayuntamientos y va en contra de lo que dictan los pactos europeos de inmigración y asilo», ha agregado.
