Aunque evitó dar por cerradas las negociaciones parlamentarias, se mostró confiada en lograr los apoyos necesarios gracias al trabajo realizado con los distintos grupos.
Rodríguez agradeció la presión social ejercida por los colectivos que han situado la vivienda en el centro del debate público y destacó especialmente el papel del Sindicato de Inquilinas. También admitió que el texto final incorpora renuncias respecto a las propuestas iniciales del Gobierno para facilitar su aprobación.
Entre las medidas más relevantes, la ministra subrayó la posibilidad de prorrogar hasta dos años determinados contratos de alquiler y defendió que las nuevas normas aportan mayor estabilidad a los inquilinos y favorecen la creación de un parque de vivienda más amplio y asequible.
Asimismo, mostró comprensión hacia los participantes de la acampada de la Puerta del Sol y aseguró que muchas de sus reivindicaciones encuentran respuesta en los decretos, como los límites a las subidas del alquiler o las restricciones a determinadas operaciones especulativas.
La titular de Vivienda criticó además la política habitacional de la Comunidad de Madrid y sostuvo que la creciente presión sobre los precios responde, en parte, a la transformación de la vivienda en un activo de inversión.
Sobre las advertencias de una posible retirada masiva de pisos del mercado del alquiler, Rodríguez rechazó ese escenario y recordó que otros países europeos cuentan con regulaciones más exigentes sin sufrir una caída de la oferta. También se mostró convencida de la solidez jurídica de los decretos y defendió que existen herramientas suficientes para afrontar la crisis de acceso a la vivienda si todas las administraciones colaboran en la misma dirección.
