Consistiría en aprobar un nuevo real decreto ley al mismo tiempo que disuelve las Cortes. En ese caso, la convalidación no correspondería al pleno del Congreso, sino a la Diputación Permanente, el órgano que mantiene la actividad parlamentaria durante los periodos electorales.
La composición de este órgano favorecería al Gobierno. La suma de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos alcanzaría una mayoría mínima suficiente para sacar adelante un nuevo decreto de vivienda sin depender de Junts. Sin embargo, esa fórmula no serviría para rescatar la prórroga automática de los alquileres, ya que el PNV ya expresó su rechazo a esa medida.
La estrategia no sería inédita. El Ejecutivo ya recurrió a mecanismos similares antes de las elecciones generales de 2019, cuando aprobó varias iniciativas sociales durante la precampaña. No obstante, dentro del entorno socialista existen dudas jurídicas y políticas sobre la conveniencia de impulsar una norma muy similar a otra que acaba de ser tumbada por el Congreso.
A la espera de la decisión de Sánchez, en el PSOE y en Moncloa se contempla esta opción como una forma de combinar un adelanto electoral con un gesto hacia las demandas sociales en materia de vivienda.
