Esta petición, trata de aflorar el contenido que deliberadamente oculta el Gobierno, así como «todos los flujos de caja, entradas y salidas, con fecha y concepto, derivado de la relación contractual entre IE y Sepides; los contratos de arrendamiento, incluyendo sus adendas y anexos, prorrogas y modificaciones sufridas desde la fecha de referencia hasta hoy; cualquier acuerdo o que modificara las condiciones originariamente pactadas, en particular el precio del arrendamiento».
Esto último es clave porque hace referencia a la rebaja del precio de la renta de los tres inmuebles del IE tras el confinamiento de la covid-19, desvelado por ocho fuentes de SEPI y Sepides, todos ellos puestos directivos, entre los cuales se encuentran dos ex presidentes de la sociedad estatal. Un punto que niega el Instituto de Empresa, donde siempre han deslizado que la contratación de Begoña Gómez supuso un perjuicio para la escuela de negocios más que un beneficio. Sin embargo, el escrito del Sepides en el que se deniega a este periódico las condiciones del contrato con el IE admite que el precio del arrendamiento estaba «sujeto a revisiones periódicas».
La sospecha de las fuentes consultadas de la SEPI y Sepides es que se realizó algún tipo de «ingeniería financiera para camuflar la rebaja del precio», y que no quedara constancia del mismo. En este sentido, llama la atención que «exactamente el precio de ahorro por la rebaja de precio, cinco millones de euros, coincida con el importe de préstamo concedido por el IE, que podría no haberse devuelto».
Por ello, la Cámara Alta ha solicitado también «cualquier otro contrato, no de arrendamiento, suscrito entre IE y Sepides entre la fecha del primer arrendamiento (28/07/2010) hasta hoy». Una petición que obligaría a la entidad pública a desvelar las condiciones del préstamo de cinco millones de euros que concedió Sepides al IE, tras declinar el organismo concederle un periodo de carencia en los pagos y los justificantes de pago durante los cuatro meses posteriores hasta que se liquidó el mismo fondo de liquidez, según la propia versión de la escuela de negocios.
El contrato de alquiler, y sus sucesivas modificaciones, contaron con la firma de la mano derecha de la exministra de Hacienda, Montero, Antonio Cervera, persona de su máxima confianza, con quien había trabajado en la Junta de Andalucía como director general de Patrimonio, junto al expresidente de la SEPI, Fernández Guerrero. A finales de 2023, Montero lo nombró director general de Costes de Personal en la Secretaría General de Presupuestos, en su ministerio. Cervera fue quien autorizó y firmó las «revisiones sustanciales» de precio de los alquileres por parte de Sepides. Una «imposición» de Montero, máxima responsable de la SEPI, que fue percibida internamente como un auténtico «escándalo».
En la presidencia de la SEPI por lo que quien autorizó la decisión de rebajar el precio del alquiler al IE «fue el vicepresidente de la SEPI que entonces ejercía de presidente interino, Lora.
