En su comparecencia este martes ante la comisión del ‘caso SEPI’ de la Cámara Alta, el exdirectivo fue preguntado por la rapidez con la que se tramitó en 2020 el préstamo de 475 millones de euros concedido a Air Europa. Esta operación se resolvió en apenas 60 días, frente a los más amplios aplicados a otras compañías del Fondo de Solvencia.
El compareciente negó haber hablado con Víctor de Aldama sobre esta ayuda y sostuvo que tampoco mantuvo contactos con el exministro José Luis Ábalos ni con su asesor Koldo García. Sin embargo, sí reconoció que el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, le habló de «darle velocidad» al expediente debido a la situación de Air Europa. «A mí lo único que me dijo es que esta operación tendría que hacerse más rápido», afirmó Partearroyo, que atribuyó la urgencia a que la compañía «podía entrar en default» por la presión que tenían de los acreedores y a la necesidad de «pagar las nóminas». Añadió que con posterioridad se le pidió «agilizar en general las operaciones».
Sobre el préstamo de 53 millones de euros que la SEPI concedió en 2021 a Plus Ultra, el exdirector de Participadas afirmó que se aprobó a partir de «informes externos», de modo que el ente empresarial público no elaboró informes propios desde sus órganos internos. «No se hicieron informes por parte de las direcciones porque se decidió que bastaban los informes de los asesores externos», argumentó.
Preguntado por el senador del PP Eloy Suárez sobre por qué el expediente de Air Europa se tramitó en apenas 60 días, el exdirector de Participadas adujo que fue «la primera operación» presentada al Fondo de Solvencia y que la compañía «tenía preparada toda la documentación» procedente de un análisis previo del ICO, aunque admitió que el equipo del fondo estaba al completo en aquel momento.
El exdirectivo aseguró que en la operación de Plus Ultra no se elaboraron informes internos firmados por las direcciones de SEPI porque «se decidió que no hacían falta» al existir asesores externos y «mucha carga de trabajo». Afirmó que únicamente había un equipo «revisando la documentación» y que ningún técnico se negó a firmar, dado que «no se le requirió» tal cosa.
Negó conocer notas internas que cuestionaran el rescate de la aerolínea hispano-venezolana, pese a que Suárez le recordó la existencia de avisos sobre las pérdidas arrastradas desde 2019, la debilidad del préstamo participativo de 6,3 millones y la contabilización del activo diferido. «Yo no recuerdo una nota que pusiera de manifiesto eso que usted está diciendo», respondió.
Sobre la contratación de la exmilitante socialista Leire Díez en Correos, el exdirector indicó que los nombramientos de directivos no pasaban por los directores de Participadas y se autorizaban en el Comité de Dirección de SEPI, aunque no recordaba que el suyo se aprobara en ese órgano.
Por el lado de Vox, la senadora Paloma Gómez recriminó al compareciente que, como consejero de Air Europa tras el rescate, «no vigilara» el pago de más de dos millones de euros en bonus a la familia Hidalgo, prohibidos hasta haber reembolsado el 75% de la ayuda. Partearroyo replicó que «no tuvo conocimiento» y atribuyó esos pagos a Globalia, no a la beneficiaria.
La parlamentaria de Vox cuestionó que Plus Ultra fuera declarada «estratégica» con «un solo avión» y «el 0,03% de cuota de mercado». El exdirector reiteró que no tenía «potestad» para esa calificación, que vino determinada por informes del Ministerio de Transportes, la Dirección General de Aviación Civil y AESA, sobre los que el Consejo Gestor del Fondo adoptó la decisión.
Respecto al préstamo de 6,3 millones procedente de la entidad panameña Panacorp Casa de Valores, presuntamente simulado para maquillar la solvencia de la aerolínea, Partearroyo negó haber recibido presiones del expresidente Rodríguez Zapatero. «Yo no conozco al señor Ábalos, no he recibido» llamadas, aseguró, y descartó cualquier intermediación de comisionistas para acelerar el expediente.
La senadora de Vox preguntó al compareciente si reconocía que el plan de viabilidad de Plus Ultra fue «una negligencia profesional absoluta», dado que la aerolínea ha pedido renegociar su deuda al no poder pagar. El exdirector defendió que el plan «estaba validado» por el asesor financiero externo y que «lo que ocurre después» depende de «muchas circunstancias y de cómo se ejecuta».
El senador del PP preguntó por la presunta rebaja de alquileres del Instituto de Empresa (IE) por parte de Sepides, sociedad inmobiliaria en cuya dirección de Estrategia el compareciente se integró en septiembre de 2022. En las últimas semanas, algunos medios informativos han relacionado esta supuesta rebaja del alquiler con que Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, tenía vinculación con el Instituto de Empresa.
A este respecto, Partearroyo aseguró que «desconocía completamente» esa operación y que le «parecería inaudito» que se hubiera materializado, aunque sí confirmó un préstamo de cinco millones de euros a la entidad académica.
El exdirectivo también negó tener conocimiento de las gestiones para vender el edificio de Campo de las Naciones, valorado en 250 millones, al Instituto de Empresa. «Yo no tuve conocimiento de lo que ha salido en prensa», subrayó, y recordó que cualquier operación de ese calibre requeriría un concurso público y la autorización del Consejo de Administración de SEPI.
Por el PSOE, el senador José Manuel Franco defendió que los préstamos a Air Europa y Plus Ultra contribuyeron a «salvar muchos puestos de trabajo» y acusó al PP de tratar de «erosionar» la figura de la exministra María Jesús Montero ante las elecciones andaluzas. «Begoña Gómez es una persona decente y honrada», afirmó el parlamentario socialista en el turno de portavoces.
