En su escrito, el Ministerio Público solicita al juez de la Audiencia Nacional Pedraz que confirme la decisión de remitir los archivos al organismo fiscalizador en contra de lo que sostiene el antiguo responsable de Mercasa, que pretende que, antes de trasladar esa información a la IGAE, se lleve a cabo un expurgo de la documentación para «preservar», dice, sus derechos fundamentales.
El Ministerio Público considera que la pretensión de Sempere de someter los archivos a un expurgo previo carece de «respaldo legal» y supondría condicionar las diligencias de investigación al argumentar que «no existe en nuestro ordenamiento la figura del denominado expurgo preventivo», entendido como una facultad del investigado para delimitar anticipadamente el ámbito temporal y material de las pesquisas.
Anticorrupción recuerda, además, que el análisis de la documentación por parte de la IGAE es esencial para determinar si, efectivamente, Mercasa contrató a Servinabar, la empresa vinculada a Santos Cerdán, «de forma mendaz», y que ello no vulnera ningún derecho fundamental porque, por un lado, la información se obtuvo mediante un registro autorizado judicialmente y, por otro lado, porque estamos ante una «garantía vinculada al traslado y utilización procesal de la información».
«No estamos ante un supuesto derecho a impedir que los órganos investigadores examinen técnicamente una evidencia digital válidamente incorporada a la causa», añade, mientras recuerda que la «mera realización de labores de análisis técnico sobre evidencias digitales legítimamente obtenidas y sometidas a control judicial no genera por sí misma situación alguna de indefensión material, ni comporta restricción efectiva de los derechos procesales de las partes».
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil explicó que la compañía pública contrató a la constructora para la realización de un informe sobre el posible cambio de sede de la sociedad pública por el que le abonó hasta 18.119,75 euros, impuestos incluidos. Esto significa que el precio sin el IVA estuvo por debajo de los 15.000 euros, lo que le permitió no sacarlo a concurso público y otorgárselo directamente a la compañía de Cerdán.
El juez apuntó, al respecto, que Servinabar infló el coste de las obras de rehabilitación de la sede de Mercasa «de manera elevada» y que la contratación de la constructora se ejecutó a fin de obtener un «beneficio económico» para el grupo.
El Ministerio Público argumenta que hay indicios suficientes de que el grupo Hirurok –formado por el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario «socio» de Santos Cerdán, Antxon Alonso– «teniendo conocimiento del interés del presidente y algunos directivos de la sociedad pública, en cambiar su sede física, en connivencia con estos, diseñaron una operativa para viabilizar este objetivo y obtener un beneficio económico ilícito».
En concreto, detalla que hay documentos de los que se desprende que la trama planificó distintos contratos «orientados a sustentar técnicamente la necesidad del traslado mediante una valoración artificialmente elevada de los costes de rehabilitación del inmueble».
La UCO investiga, además, otros cuatros contratos relacionados con la SEPI, que suman un valor de superior a los 130 millones de euros, y no descarta el posible amaño de otros expedientes. Es por esto, precisamente, por lo que Anticorrupción rechaza ante la pretensión del expresidente de Mercasa que la investigación quede restringida al contrato adjudicado a Servinabar o al período comprendido entre 2021 y 2023. «No puede ser la defensa quien determine anticipadamente el perímetro objetivo de la investigación», detalla.
El Ministerio Público considera que los hechos presentan indicios de ser constitutivos de delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal y que la investigación versa sobre la posible existencia de esta trama que «habría desplegado una actividad prolongada en el tiempo para influir en procedimientos de contratación pública y obtener beneficios económicos ilícitos».
