La idea del grupo plurinacional es ampliar y reforzar el impuesto a las grandes fortunas que se aprobó durante la legislatura pasada y extenderlo también a grandes herencias. La formación liderada por Yolanda Díaz quiere con esto evitar el «‘dumping’ fiscal» producido por las bonificaciones que puedan ofrecer algunas comunidades autónomas lideradas por el PP mediante el impuesto sobre el patrimonio. Sumado a esto, el partido quiere un impuesto «inteligente» en la cadena de producción y distribución alimentaria que sólo actúe si los márgenes de beneficio de la cadena siguen estando por encima de los de 2019.
En concreto, según ha explicado Sumar, el gravamen sería del 1,2% sobre la cifra de negocios neta si la diferencia entre los márgenes empresariales entre 2024 y 2019 supera la diferencia entre el margen de 2023 y 2019, año anterior a la pandemia. El impuesto bajaría al 0,6% si el margen del 2024 supera al de 2019 y se anularía si el margen es igual inferior al periodo prepandemia.
El impuesto comenzaría a devengar en 2024 y habría un pago a cuenta en febrero de 2025, mientras que la liquidación definitiva sería en julio de 2025. Según ha explicado Sumar, el gravamen castiga los comportamientos abusivos de las empresas de manera gradual y se anula cuando el mercado funciona «de manera competitiva».
«Sus efectos beneficiosos ya operarían en 2024, aunque se pague en 2025, pues el nivel del gravamen se determina por el comportamiento empresarial del año en curso», apostilla la formación. Además de estas propuestas fiscales, el grupo ha sugerido una aproximación del IRPF entre las rentas de trabajo y el capital, que se elimine la exención del IVA a la educación universitaria privada, una rebaja de este mismo impuesto a las peluquerías y establecimientos veterinarios y un IVA «superreducido» para los pañales y los productos sin gluten.
