En concreto, desvió 2.389 millones de euros para abonar las pensiones de clases pasivas y los complementos de las mínimas ante la falta de crédito generado por la prórroga presupuestaria desde 2023. El organismo fiscalizador ha hecho esta denuncia en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio de 2024, en la que señala que la insuficiencia de crédito presupuestario para atender «compromisos ineludibles» de pensiones motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia financiado con fondos de recuperación, con la justificación de que «no comprometían el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la capacidad de absorción de fondos europeos».
El Tribunal pone en duda los fundamentos jurídicos «que deberían haber quedado mejor justificados», ya que el organismo entiende que existe «una incertidumbre» sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes de los fondos europeos para financiar modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio.
